El monitoreo de contexto de Codehciu alerta sobre reclamos hechos por bolivarenses ante desmejora progresiva de la calidad de vida.
Prensa Codehciu / foto de portada archivo Codehciu
El colapso de los servicios básicos como el agua potable, el gas doméstico y la energía eléctrica, agudiza las penurias que padecen numerosas familias bolivarenses. El monitoreo de contexto, realizado por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), registró que durante 2021 vecinos de diferentes comunidades ejercieron su derecho a reclamar estas vulneraciones al menos 651 veces en el estado Bolívar.
Esta cifra se desprende de los 997 reclamos que registró la organización que corresponden, además de los servicios públicos, a desmejoras en la situación salud, problemas con la vialidad y la señal de internet, protestas por derechos laborales y falta de acceso a otros derechos como a la alimentación. Son realidades reportadas por medios de comunicación y son reflejo del descontento ciudadano.
De esta manera, la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa Venezuela trae consigo una disminución progresiva de la calidad de vida ciudadana.
Vulnerabilidad y emergencia compleja
Es común escuchar las palabras “crisis humanitaria” para definir el contexto venezolano; pero según su definición, a esta la determinan factores como desastres naturales o conflictos armados (entre otros) que amenazan la vida humana. Lo que la hace diferente a una EHC es que la segunda viene enlazada a consecuencias que nacen de la inestabilidad política y el quiebre del Estado.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la EHC como una crisis grave que suele ser resultado de la inestabilidad política de un país, conflictos, violencia, desigualdades sociales y pobreza. El ente internacional indica que: “Las emergencias complejas son fundamentalmente de carácter político y puede hacer mella en la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades”.
El agua como derecho humano
Una de las penurias que ha dificultado la supervivencia de los ciudadanos en la EHC ha sido el acceso al agua potable, una irregularidad denunciada por vecinos de diferentes comunidades durante años.
El monitoreo de Codehciu contabilizó 95 reclamos de la ciudadanía en 2021 correspondientes a problemas con el agua potable en diferentes municipios de Bolívar. Cabe destacar que este, además de ser un servicio, es considerado en el ámbito internacional como un derecho humano fundamental, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El agua y el saneamiento fueron reconocidos como derechos por la ONU el 28 de julio de 2010, en la resolución 64/292, en la que se destaca que ambos son esenciales para la realización de los demás derechos humanos. El organismo exhorta a todos los Estados a proporcionar recursos efectivos y un suministro de agua digno y saludable, limpio, accesible y asequible para todas y todos.
En octubre de 2020, Codehciu alertó sobre la problemática del servicio de agua potable en el estado Bolívar. Esta situación no ha mejorado, y se evidencia en la cantidad de reclamos monitoreados por la organización.
Sector salud, aseo urbano y electricidad
De los 651 reclamos por servicios públicos monitoreados en publicaciones de medios de comunicación regionales, otros 104 representan afectaciones denunciadas por la ciudadanía referentes al aseo urbano. Como ocurre en el caso del agua potable, se trata de un problema que no es nuevo y que ha sido causa de molestia por parte de vecinos de diferentes comunidades en el estado Bolívar durante años.
A parte de la problemática de los servicios públicos, Codehciu registro 60 reclamos reportados el año pasado en medios de comunicación regionales, en relación a la situación sanitaria y hospitalaria del estado Bolívar. Lo que se traduce en vulneraciones a la vida de los bolivarenses durante la pandemia por Covid-19, que ha dejado un saldo hasta la fecha de más de 5600 muertes según cifras oficiales.
Incluso desde 2020 Codehciu ha alertado sobre cómo la llegada de la pandemia estuvo acompañada de más agravios al derecho a la salud en Bolívar, sobre todo en zonas mineras al sur, y una respuesta poco oportuna en un principio por parte de los organismos del Estado. Los trabajadores del sector salud también han denunciado irregularidades como la falta de insumos para atender casos de emergencia en hospitales, y además han sido víctimas de constantes vulneraciones mientras trabajan con las uñas en un contexto de pocos recursos.
Los reclamos por problemas con el surtido del gas doméstico llegaron a 39 registros. Por otro lado, el servicio eléctrico registró 81 denuncias reportadas en medios de comunicación por la ciudadanía en Bolívar durante 2021.
Asimismo, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) alertó en febrero de este año que durante el 2021 el agua y la electricidad fueron los más reportados por los medios de comunicación. El primero obtuvo 31,2% y el segundo un 37,4% de registros contabilizados, según cifras nacionales.
Consecuencias de la precariedad
Un integrante del equipo legal de Codehciu explicó para este trabajo cómo estas precariedades agravan la situación de EHC, ya que “dificultan la posibilidad de una vida digna” debido a la debilidad institucional que padece el país.
“Esto incide en las distintas dimensiones de la vida cotidiana de la ciudadanía (…) la falta de determinados servicios públicos responde a una falla en la aplicación de políticas públicas que respondan a la satisfacción de las necesidades que se deben cubrir para alcanzar un nivel de vida adecuado”, destacó el experto en derechos humanos. Por ende, el trasfondo de estas carencias es la negación de derechos por parte del Estado.
El Estado no reconoce esta realidad. “Esto impide que se puedan plantear acciones idóneas para su restablecimiento en términos de calidad, es decir, imposibilita una mejor prestación de estos servicios”, acotó.
Pero, ¿cómo este contexto afecta a las personas? Estas carencias ponen más en riesgo a quienes, por circunstancias socioeconómicas, están en una situación de vulnerabilidad. El experto explicó que “la falta de un servicio impide la satisfacción de una necesidad elemental, de manera que la falta de agua, por ejemplo, impide poder cuidar la higiene personal, pero también dificulta actividades como la preparación de alimentos, el lavado de ropa o limpieza de la casa”.
“Es imperativo destacar que los más vulnerables, por encontrarse en situaciones socioeconómicas tan restringidas, no pueden satisfacer esas necesidades básicas”, continuó el defensor de derechos, “puesto que no poseen los recursos para hacerlo, y es allí donde la ausencia del servicio socava no solo la calidad de vida de la persona, sino también su dignidad”.
Lo que debe hacer el Estado
La obligación del Estado se consagra no solo en los tratados internacionales, también está reflejada en la legislación venezolana.
El experto explicó que el Estado debe orientarse a la creación y aplicación permanente de políticas públicas en las que la prestación de servicios de calidad sea una prioridad.
Además, deben generarse mecanismos donde la colectividad se beneficie de dichos servicios; debe mantenerse un diálogo transparente con las instituciones, la ciudadanía y organismos competentes, como un canal informativo y de retroalimentación, destacó.
Cabe destacar que la violencia de género y las ejecuciones extrajudiciales también han sido monitoreadas por Codehciu, y representan violaciones al derecho a la vida de venezolanas y venezolanos.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), reveló que en 2021 el 94% de la población venezolana se encontraba en situación de pobreza. La ineficiencia de los servicios públicos fue un elemento destacado por el estudio.
Codehciu exhorta al Estado a la creación de políticas públicas que dignifiquen a los ciudadanos.
Los recursos como el agua, gas, electricidad, aseo, salud, y demás, deben ser garantizados de forma digna por los organismos del Estado, en este contexto de pandemia y EHC.
