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Colegios públicos y universidades son víctimas del olvido estadal y de la delincuencia. Las carencias que denuncian los estudiantes desde hace años siguen sin solución.

Prensa Codehciu / fotos cortesía

La pandemia tiene varios rostros en Venezuela: ha evidenciado aún más la crisis sanitaria que padece el país desde hace años, y también ha empeorado el acceso al derecho a la educación en todos los niveles. La llegada del Coronavirus trajo consigo que las escuelas y universidades permanezcan cerradas; y con ello, el abandono estadal también se hace notar en los planteles de educación superior.

Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), alertaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que su casa de estudios ha sido parcialmente desvalijada durante la cuarentena. Uno de ellos declaró: “El nivel real de daños se desconoce debido a que las autoridades no ofrecieron detalles y a los estudiantes no se nos permite el acceso a las sedes porque estas no están operativas”.

Estudiantes señalan que solo han podido recopilar fotos de las áreas aledañas a la cerca perimetral de la sede Villa Asia en Puerto Ordaz. “En ellas se evidencia cómo a solo semanas de iniciar la cuarentena dos compresores de las unidades de aire acondicionado fueron hurtados de una de las aulas”, alertó otro universitario.  

El deterioro de las instalaciones de la UNEG y otras universidades de Bolívar no se origina en tiempos de pandemia, son carencias que se agudizaron durante la crisis humanitaria venezolana y por la falta de políticas del Estado para preservar los espacios. En octubre de 2018, medios de comunicación regionales como Correo del Caroní reportaron los constantes atracos en ambas sedes universitarias; tres meses después, hubo denuncias sobre robos de equipos y baterías de los transportes  de la institución.

En marzo 2019, como en años anteriores, hubo reiteradas protestas estudiantiles organizadas por los uneguistas con la exigencia de mejores condiciones en los planteles: no contaban con transporte ni comedor, además fueron víctima de  la delincuencia diariamente, como también reportó Correo del Caroní.

Estas denuncias se han acumulado por años y aún no se detienen, demostrando una completa desprotección de la educación universitaria. En enero de 2020, el diario regional Primicia también reportó un aumento de robos en las instalaciones de las universidades de Ciudad Guayana, como la UNEG y la Universidad de Oriente (UDO), durante la pandemia por Covid-19.

Estudiantes universitarios siguen denunciando que las instalaciones de sus casas de estudios siguen olvidadas por el Estado. Foto cortesía.

Derechos fundamentales

Toda persona tiene derecho a la educación de calidad. Esto está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos tratados internacionales que también resaltan el deber de los Estados para su garantía, como lo dicta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, la educación universitaria también es considerada un derecho humano fundamental. En la Conferencia Mundial sobre la educación superior de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se destaca en su artículo 11 las características sobre la calidad de la educación superior, que comprende todas sus funciones: enseñanza, programas académicos, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento, servicios a la comunidad; son elementos carentes en el contexto universitario del estado Bolívar.

Los derechos humanos son indivisibles, así que los Estados deben garantizar esta calidad educativa no a costa de otros derechos. La Organización de las Naciones Unidas, desde su Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, lo explica:

 “Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros derechos”.

La UNEG es una de las universidades afectadas por la delincuencia y el olvido del Estado. Foto Cortesía.

A los estudiantes universitarios de Ciudad Guayana solo les queda esperar por respuestas mientras observan con dolor el deterioro de su casa de estudios. Reconocen que según fuentes oficiales actualmente la sede de la UNEG ubicada en la avenida Atlántico está custodiada por efectivos de seguridad del Estado.

Uno de los estudiantes entrevistados no lo ve como una solución al problema: “No obstante, hay un daño hasta el momento indeterminado que han sufrido ambas sedes. El abandono es total y más perceptible en la sede Villa Asia”.  

También los estudiantes de la UDO, núcleo Ciudad Guayana, han denunciado que las instalaciones están en total abandono. Los baños están en mal estado, más de cinco salones se encuentran sin electricidad y con otros daños.

Colegios desolados

La Constitución Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 102 que “la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”.

Pero el panorama de las carencias de los planteles de educación superior no es distinto al de los colegios públicos; aunque en algunas instituciones los alumnos están asistiendo de forma presencial, uno o dos días a la semana, estas también han sufrido estragos.

“Las condiciones de infraestructura donde se dan clases y laboran los maestros de la educación pública en Venezuela son deplorables, las  escuelas en su gran mayoría no reciben ningún tipo de dotación y mantenimiento  por parte del gobierno,  y han sido dejadas en manos del hampa que las han desvalijado progresivamente ante la mirada indolente del gobierno. Las escuelas tienen años sin cableado eléctrico, sin iluminación, ni ventilación, sin agua y sin salas sanitarias apropiadas para su buen funcionamiento”, denunció a Codehciu una docente que tiene más de 8 años laborando en instituciones públicas.

También señala que: “Como consecuencia de la pandemia, en Venezuela se ha optado por adaptar la educación a una programación vía online, o educación a distancia. Sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico tanto de los estudiantes como el de los docentes que no cuentan con los recursos ni plataformas digitales para la conexión, ni teléfono inteligente o computadora, ni el acceso a internet. A esto se le suma el servicio eléctrico inestable que tenemos que no permite cumplir con las actividades las fechas pautadas para su entrega”.

Codehciu exhorta al Estado venezolano a cumplir lo que exige la normativa internacional en relación al derecho a la educación en todos sus niveles. Es necesario que: los planteles universitarios, y de educación primaria y secundaria, sean sitios libres de delincuencia y que estén en óptimas condiciones para que, una vez acabe la pandemia, los estudiantes puedan gozar de una calidad educativa; el contexto de pandemia y de distanciamiento social debido al Covid-19 no debe ser excusa para el descuido de las instituciones educativas en manos públicas.

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