El 23 de enero Johan León Reyes (gerente), Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, y Luis Ferrebuz fueron trasladados a un centro de salud privado en el municipio San Francisco, del estado Zulia por presentar síntomas de Covid-19.
Prensa Codehciu
Lo ocurrido durante la segunda semana de enero de 2021 a la organización Azul Positivo pone en riesgo el trabajo humanitario realizado por defensoras y defensores de derechos humanos en el país. La emergencia humanitaria compleja vulnera la vida de familias, niños, niñas, adolescentes, personas con VIH-SIDA, adultos mayores, y numerosos grupos en riesgo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a las emergencias complejas como crisis humanitarias que suelen ser el resultado de inestabilidad política, combinada con conflictos, violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente; además estas son de carácter político y menoscaban los medios de vida ciudadana.
Asimismo, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) destaca en su portal web que la emergencia humanitaria compleja en el caso de Venezuela nace de diferentes factores: un sistema de salud en declive desde el 2012, una crisis de nutrición y escasez de alimentos, el éxodo masivo de venezolanas y venezolanos en la búsqueda de calidad de vida, y diversos factores que violan derechos humanos en el país y que durante la gestión de Nicolás Maduro se han intentado ocultar con la negativa de publicar datos oficiales.
“Las autoridades venezolanas del Gobierno de Maduro son las principales responsables por la falta de una respuesta internacional coordinada a la crisis en Venezuela. Al no reconocer la verdadera magnitud de la crisis ni invitar a organismos clave de la ONU a que evalúen la situación en forma independiente y coordinen una respuesta eficaz, las autoridades de Venezuela han contribuido al sufrimiento del pueblo venezolano”, alertó HRW en su informe sobre la emergencia humanitaria compleja en Venezuela publicado en abril de 2019.
Bajo este contexto, hace menos de un año el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, solicitó crear leyes por parte del parlamento regional y ordenanzas desde las municipalidades que tuvieran como finalidad limitar las actividades en la región de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) “financiadas por Estados Unidos, el narcotráfico y el terrorismo”.
Según Prieto, “las labores y lealtad al pueblo no se rigen por las circunstancias, sino por los ideales. Debemos sacar a las ONG financiadas por Estados Unidos, el narcotráfico y el terrorismo de los municipios, que buscan quebrantar la lealtad de concejales, además de tumbar y perseguir a los mandatarios”.
Atropellos
Actualmente 5 integrantes de Azul Positivo permanecen privados de libertad. También conocida como Acción Zuliana por la vida, la ONG zuliana fundada en 2004 se dedica desde hace 16 años a la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y a brindar apoyo humanitario a pacientes con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH); esta organización de la sociedad civil ha trabajado con la Gobernación del Zulia a través de la Secretaria de Salud y el programa regional de VIH.
El hostigamiento hacia la organización inició el 12 de enero, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la policía del estado Zulia, allanaron su sede. Días después fueron privados de libertad 5 miembros por el Tribunal Cuarto de Control del estado a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz.
La Fiscalía presentó a Johan León Reyes (gerente), Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, y Luis Ferrebuz, por los delitos de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.
Juan Berrios, director de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) explicó a Codehciu: “Es una organización líder en atención a comunidades en la región zuliana, trabajando ese tema en concreto; suelen ser aliados a las agencias de Naciones Unidas que se encuentran trabajando en Zulia como ACNUR, en zonas fronterizas, zonas rurales, y también con el fondo de poblaciones de la misma organización, y con el OMSIDA”.
Persecución
Este tipo de ataques hacia agentes humanitarios por parte de organismos del Estado no es nuevo. El 15 de diciembre de 2020 funcionarios policiales allanaron la sede de la asociación civil Convite en Caracas. Miembros de su equipo y activistas por los derechos humanos denunciaron el hecho por redes sociales, advirtiendo la presencia de funcionarios del Tribunal Cuarto de Control, con competencia en delitos asociados al terrorismo.
El portal de Efecto Cocuyo reportó en diciembre que los funcionarios confiscaron computadoras de la sede de la organización. El trabajo de Convite está relacionado con la defensa de los derechos humanos a niñas, niños, mujeres y adultos mayores, y su equipo ha realizado actividades de carácter humanitario para brindar apoyo a grupos vulnerables durante la emergencia humanitaria compleja. El director de la asociación civil, Luis Francisco Cabezas, fue interrogado por dos horas en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Un mes antes, otros defensores de derechos humanos también sufrieron atropellos. El lunes 23 de noviembre, el Ministerio Público dictó una orden de arresto contra 6 trabajadores de la ONG Alimenta la Solidaridad, que trabaja para gestionar más de 200 comedores y brinda asistencia durante la pandemia. Al día siguiente efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron la sede de la organización sin mostrar ninguna orden, como lo alertó HRW en su reporte.
Pero con el inicio del nuevo año continuaron los ataques hacia trabajadores humanitarios, y los beneficiarios de estos son los más afectados. Berrios señaló que los integrantes de Azul Positivo, “se han dedicado a ampliar un poco más su ámbito de trabajo, y esa ampliación hizo que incursionaran en la asistencia para alimentos a través de la asignación y distribución de tarjetas pre pagadas para comprar alimentos en comunidades y familias vulnerables en el Zulia, ese es el proyecto que los ha puesto en la mira”.
“La criminalización, es una idea que se ha venido desarrollando e intensificando con el paso del tiempo; ha habido diversos anuncios de figuras públicas nacionales, como regionales, sobre el rol de la sociedad civil, un rol que puede considerarse que pone en riesgo la estabilidad del gobierno”, suma Berrios.
El defensor de derechos humanos añade que: “En casos concretos de organizaciones que están dentro de las respuestas humanitarias de las Naciones Unidas, justamente se encuentran realizando un trabajo para superar una crisis que existe, y ese plan de respuesta humanitaria no estaría ocurriendo sin la respuesta y el aval, o sin el acuerdo, del Gobierno. Por eso es que llama mucho la atención este caso en particular: que estas personas se encuentren procesadas y enjuiciadas en lo penal forma parte de una idea de que en la sociedad civil hay enemigos”.
El 23 de enero Johan León Reyes (gerente), Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, y Luis Ferrebuz fueron trasladados a un centro de salud privado en el municipio San Francisco, del estado Zulia por presentar síntomas de Covid-19.
Exigencia al respeto de los DDHH
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado publicado el 19 de enero alertó que los integrantes de Azul Positivo son presos de conciencia que fueron detenidos únicamente por “su trabajo humanitario”. Exigió su liberación inmediata y poner fin al acoso, el enjuiciamiento y la censura hacia las organizaciones de la sociedad civil.
El 29 de enero de 2021 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Venezuela la liberación de los 5 integrantes de Azul Positivo, por medio de su portavoz Stéphane Dujarric durante una conferencia de prensa.
A esta exigencia también se ha unido ONU-SIDA: “Hago un llamado a las autoridades venezolanas a que liberen de la custodia policial a los cinco trabajadores humanitarios que trabajan para la organización no gubernamental Azul Positivo y que devuelvan el equipo esencial incautado en el momento de su arresto”, alertó la directora Ejecutiva de la agencia, Winnie Byanyima, agregando: “Una sociedad civil fortalecida y empoderada juega un papel central en la prestación de servicios a los más necesitados; y es fundamental para una efectiva respuesta al VIH y otros retos en materia de salud en Venezuela”.
Desde la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), no solo mostramos nuestro respaldo y solidaridad con todas las organizaciones sin fines de lucro que funcionan en el país, sino que también exhortamos a las autoridades a que se detenga el acoso a las personas que las integran.
Codehciu también se une a esta exigencia para la liberación inmediata de los miembros de Azul Positivo. El trabajo humanitario es vital para enfrentar la crisis humanitaria que golpea al país, y los defensores de los derechos humanos que trabajan en diferentes organizaciones de la sociedad civil merecen el respeto a sus esfuerzos y la libertad para atender a los más vulnerables.
Derecho a defender derechos
La Declaración sobre el Derecho y el Deber de Los Individuos, Los Grupos y Las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, en su artículo 1 consagra lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
De igual manera, en su artículo 5 se lee:
“A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho: A reunirse o manifestarse pacíficamente; a formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; a comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales”.
El documento de carácter internacional consagra en su artículo 9, numeral 3 que toda persona tiene derecho a:
“Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios; asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables; a ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
