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Siguen las acusaciones, amenazas y detenciones a miembros de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país, dejando en evidencia una vez más múltiples violaciones de DDHH por parte del Estado venezolano.

Prensa Codehciu

La privativa de libertad contra 5 trabajadores de Azul Positivo, una Organización No Gubernamental (ONG) venezolana que tiene como objetivo la prevención del VIH y las infecciones de transmisión sexual, deja en evidencia una vez más la persecución, criminalización y hostigamiento por parte del Estado hacia las organizaciones sin fines de lucro que operan en el país.

el hostigamiento hacia esta fundación inició el 12 de enero, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la policía del estado Zulia, allanaron la sede de la organización y detuvieron a 5 de sus miembros. Los cuales días después fueron privados de libertad por el Tribunal Cuarto de Control del estado a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz.

La Fiscalía los presentó por los delitos de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.

No es la primera vez que el gobierno de Maduro arremete contras las ONG que hacen vida en Venezuela. En un comunicado la portavoz de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, señaló: «Estamos profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela (…) Documentos fueron incautados y seis empleados fueron arrestados, 5 siguen detenidos”.

Codehciu, como numerosas organizaciones de la sociedad civil, exige la inmediata liberación de los miembros de Azul Positivo y el cese a los ataques hacia actores humanitarios cuyo trabajo favorece a los más vulnerables durante esta emergencia humanitaria compleja.

Esta es la segunda acción que se ejecuta en menos de dos meses contras las oficinas de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior. “Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales. Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal”, puntualiza el comunicado de la ONU.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, (Codehciu), no solo mostramos nuestro respaldo y solidaridad con todas las organizaciones sin fines de lucro que funcionan en el país, sino que también exhortamos a las autoridades a que dejen de acosar a las personas que las integran.

Avalando así la sociedad libre, diversa, participativa y activa, la cual es necesaria en cualquier democracia, y que en vez de ser criminalizada, estigmatizada o perseguida, debe ser protegida.

Siguen los ataques

Por su parte, el miércoles 13 de enero en el programa Con el Mazo Dando, conducido por Diosdado Cabello le solicitó al también diputado, Francisco Ameliach, que solicite una investigación desde el Parlamento gobierno contra el director de Provea, Rafael Uzcátegui, y también solicitó que fuera llevado a tribunales por una publicación en su cuenta de Twitter.

“Maduro intenta criminalizar la cooperación internacional ocultando que su gobierno también la recibe, y en proporciones importantes. Por eso no te dirán que el PSUV también se benefició de fondos del gobierno británico”, escribió Uzcátegui en sus redes sociales, junto a un documento.

El director de la organización señaló, “desde Provea venimos alertando que luego de la neutralización de la clase política la ofensiva gubernamental y va a estar dirigida contra el sector que iba a seguir hablando sobre la situación venezolana, que es la sociedad civil, los medios de comunicación, los defensores de DDHH y los trabajadores humanitarios”.

“Esta alerta que veníamos haciendo en ese objetivo que tiene el gobierno de alcanzar el máximo silencio e inacción de los venezolanos frente a sus problemas, lamentablemente se ha venido cumpliendo en los últimos días contra varios medios de comunicación y activistas de derechos humanos, hemos sufrido ataques y en el caso extremo de los compañeros de Azul Positivo 5 privaciones de libertad”, destacó Uzcátegui.

Puntualizando que “estos ataques no nos van a intimidar, nosotros vamos a continuar realizando el trabajo de acompañamiento, y visibilizar lo que está sucediendo, sobre todo en un año tan importante para las documentaciones de los mecanismos de protección internacionales”.

Esta semana organizaciones y defensores de derechos humanos alertaron por redes sociales que algunos miembros de Azul Positivo que siguen privados de libertad presentan síntomas de Covid-19. La sociedad civil exige la atención médica inmediata de estos actores humanitarios y el respeto a sus derechos humanos.

Codehciu, como numerosas organizaciones de la sociedad civil, exige la inmediata liberación de los miembros de Azul Positivo y el cese a los ataques hacia actores humanitarios cuyo trabajo favorece a los más vulnerables durante esta emergencia humanitaria compleja.

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