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Nuevos datos sobre ejecuciones extrajudiciales indican una reiterada violación a los derechos y múltiples arbitrariedades del Estado.

Prensa Codehciu / imagen de portada cortesía.

Continúan las violaciones a los derechos humanos en el estado Bolívar y las arbitrariedades por parte de funcionarios de seguridad. Las presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), durante el año 2020, marcan múltiples vulneraciones y el aumento de la violencia en el contexto de la emergencia humanitaria compleja.

El monitoreo de la organización realizado a medios de comunicación regionales registró que durante el primer semestre de 2020 fueron ejecutadas 127 personas por funcionarios adscritos a los distintos cuerpos de seguridad de Bolívar. El segundo semestre sumó 81 muertes.

De esta forma, en el 2020 Codehciu contabilizó 208 muertes a manos de funcionarios en Bolívar; 23 de ellas se trataron de casos de personas privadas de libertad, mientras que las otras 185 murieron en presuntos enfrentamientos reportados en medios de comunicación.

Arbitrariedad y violencia

Según los datos anuales de la organización, los tres municipios con mayor número de víctimas en 2020 bajo estas circunstancias fueron Caroní con 103 muertes, Angostura del Orinoco con 47 y Sifontes con 20.

Por otro lado, el cuerpo policial que sumó más víctimas fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que registró 61 casos. Le siguen: Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) con 33, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 17 y la Policía del Estado Bolívar (PEB) con 14 muertes en 2020.

Estas presuntas ejecuciones son violaciones al derecho humano a la vida, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3.

En base a este artículo, el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, documento internacional publicado por la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene como objetivo proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas.

El protocolo, utilizado como pilar para la elaboración de los informes de Codehciu, se aplica para la investigación “de toda muerte potencialmente ilícita (…) la muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes” o atribuible a este en violación de su “obligación de respetar el derecho a la vida”.

Esto incluye toda muerte causada por funcionarios de las fuerzas del orden, por grupos paramilitares, o escuadrones de la muerte sospechosos de actuar bajo la dirección, aquiescencia o consentimiento del Estado.

Violación al derecho a la vida

Pero no es la única manera de identificar este tipo de violación de derechos. Por ejemplo, el protocolo describe que otra de las características a tomar en cuenta se refiere a toda muerte en la que la persona haya estado detenida o se encontraba bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes.

Como las violaciones al derecho a la vida pueden darse por acción u omisión, el Estado está obligado a investigar toda muerte ocurrida en circunstancias sospechosas, aun cuando no se denuncie o se sospeche que este “fue el causante de la muerte o se abstuvo ilícitamente de prevenirla”, como lo destaca el protocolo.

La muerte de Jhonjairo Ramón Yépez, de 23 años, fue registrada por la organización en el tercer trimestre de 2020. Reportes del Diario Primicia relatan que el hombre fue asesinado durante un presunto enfrentamiento con el Cicpc en el municipio Piar. Fuentes oficiales aseguraron que estaba implicado en varios delitos.

Yulian Jesús Rivas, de 20 años, falleció debido a “un cuadro agudo de tuberculosis pulmonar”, como reseñó el mismo medio de comunicación en julio. El joven era un privado de libertad del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo.

Los familiares de otra víctima identificada como Adrián José Quijada desmintieron al diario Primicia la versión oficial de un presunto enfrentamiento que terminó con la muerte del joven junto a su amigo Framber Alberto Ferrer.

El medio de comunicación relata que según los reportes oficiales ambos se encontraban robando en la zona de Guaiparito, en municipio Caroní, cuando llegaron los funcionarios del Cicpc, pero los familiares alertaron que “a ellos los arrodillaron y los ajusticiaron”.

El Estado debe responder

Codehciu recomienda al Estado venezolano el desarrollo de una política de formación a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Además, lo exhorta a que garantice la vida de las personas que se encuentran en condición de detenidos, y a que realice las debidas investigaciones, imparciales y eficaces, que permitan ubicar y castigar a los responsables de las muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar.

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