El contexto de violencia del estado Bolívar continúa, y se suma a las constantes vulneraciones al derecho a la vida del año pasado.
Prensa Codehciu /Imagen de portada: referencial y cortesía
Los reportes en medios de comunicación del estado Bolívar sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales se redujeron en 2021. El último registro anual de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó sobre 74 de estos casos, una cifra considerablemente baja en comparación con años anteriores.
En monitoreos pasados, Codehciu registró 208 víctimas de presuntas ejecuciones en la entidad durante el 2020. En el año 2019 contabilizó 218. La organización de la sociedad civil advierte que esta disminución de casos narrados por la prensa no demuestra que los mismos hayan dejado de ocurrir.
Incluso es evidencia de que existe opacidad en la información pública sobre las violaciones al derecho a la vida en Bolívar, debido a la falta de datos generados por el Estado y al miedo colectivo que estos hechos provocan en la sociedad. Asimismo, la carencia de justicia y de reparación juega un papel fundamental en el desinterés colectivo de las muertes a manos de organismos policiales.
Pero las cifras registradas siguen siendo motivo de preocupación en materia de derechos. Caroní, como en años anteriores, fue el municipio que contabilizó más casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. El mismo registró 27 víctimas en 2021. Piar se encuentra en el segundo lugar dentro del monitoreo al contabilizar 19 víctimas.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) son los dos organismos que registraron mayor cantidad de víctimas durante procedimientos policiales. Ambos son presuntos ejecutores de 12 personas cada uno, en el estado Bolívar.
Violación de derechos humanos a manos de funcionarios
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió sobre 2 mil personas que murieron durante operaciones de seguridad entre enero y septiembre de 2021, según datos nacionales en el informe sobre la situación de Venezuela.
El Cicpc es un cuerpo policial que fue fundado en el 2001. Está bajo la dirección de Douglas Rico desde 2016, y a lo largo de los años numerosos cuestionamientos en materia de derechos sobre las actuaciones de sus funcionarios han surgido en la opinión pública. En relación a la cifra publicada por la OACNUDH, el organismo internacional advirtió que existe una suma de víctimas considerable ejecutadas a manos de este cuerpo policial y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Asimismo, la OACNUDH documentó en 2018 datos sobre las formas de actuar de los funcionarios del Cicpc. El informe titulado Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin, destaca que: “Tras matar a sus víctimas, los agentes del Cicpc entraban para retirar los cuerpos de los jóvenes, llevarlos a un hospital, como si solo estuvieran heridos, para luego depositarlos en la morgue. Los registros de los hospitales mencionaban en muchos casos que las víctimas habían ingresado sin signos vitales.”
El trabajo del Estado y sus funcionarios de proteger a la ciudadanía se ha convertido en más miedo, muertes sin investigaciones imparciales, falta de justicia y de reparación. Estas demostraciones de violencia aún ocurren, y evidencian la constante violación al derecho a la vida y a la integridad de las víctimas y sus familiares. Los últimos se convierten en víctimas indirectas de estos hechos.
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, reconoció la existencia de estas y otras violaciones de derechos en 2020. Anunció, durante una rueda de prensa, que más de 800 agentes de cuerpos policiales y militares fueron acusados de violar derechos humanos en los últimos tres años.
Pero el anuncio del Fiscal no significó un cese de la violencia, ni del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los efectivos de seguridad. Provea, organización de la sociedad civil venezolana, registró 3034 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela en el 2020.
El informe titulado “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela 1995-2020”, de Provea, concluye que las ejecuciones se convirtieron en política de Estado, con pleno conocimiento de sus mismos funcionarios. Reconoce que la violencia institucional policial y militar “ha sido una constante en los últimos 25 años, con un crecimiento significativo de los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad desde 2015”.
Vulneraciones en Bolívar
Angostura del Orinoco contabilizó 9 víctimas en Bolívar durante 2021, de esta manera se posiciona de tercer lugar después de Caroní y Piar.
A estos les siguen El Callao, municipio minero que registró 7 víctimas; Padre Pedro Chien y Sucre, con 4 cada uno; y en los últimos lugares, Cedeño registró 3 y Roscio 1.
Abril, mayo y julio fueron los meses de 2021 que contabilizaron más víctimas de presuntas ejecuciones con un total de 10 cada uno.
El Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes potencialmente Ilícitas indica diferentes formas en las que el Estado pude violar la vida y la integridad. Una de estas se evidencia cuando la muerte de la persona sobrevino mientras se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes. En 2021 Codehciu registró un caso de este tipo en los calabozos de la Coordinación Policial de Guaiparo y dos en la Cárcel de Vista Hermosa.
Por otro lado, la GNB y el Cicpc actuaron en conjunto en la presunta ejecución de 12 personas durante 2021. Las actuaciones mixtas de cuerpos policiales y militares estuvieron vinculadas en la muerte de 17 personas en Bolívar.
Codehciu monitorea presuntas ejecuciones extrajudiciales desde 2018. Este trabajo ha identificado numerosas vulneraciones de derechos en el segundo estado más violento de Venezuela.
La organización exhorta al Estado venezolano a: investigar de manera imparcial toda muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial; sensibilizar a sus funcionarios en materia de garantías de derechos humanos; y garantizar la reparación de los familiares de las víctimas, que en la mayoría de los casos no logran alcanzar la justicia.
[…] alertó que en 2021 hubo 74 víctimas en Bolívar. En 2020 y 2019 la organización monitoreó 208 y 218 casos, […]