Prensa Codehciu /Foto de portada Cortesía El Espectador
Entre el primer y el segundo trimestre de 2022 la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) monitoreó una disminución del 42,8% de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. La organización de la sociedad civil advierte que este subregistro, basado en publicaciones en medios de comunicación regionales, no representa la cifra real de estas muertes potencialmente ilícitas ante el contexto de violencia que vive Bolívar.
Durante el primer trimestre del año, Codehciu contabilizó 21 víctimas en la entidad, mientras que el segundo trimestre registró 12. Los municipios El Callao y Caroní registraron la mayor cantidad de presuntas violaciones al derecho a la vida en los primeros seis meses.
Cifras de la violencia
Todas las personas presuntamente ejecutadas fueron hombres entre los 15 y 33 años. Por otro lado, los medios de comunicación monitoreados solo identificaron la edad de 8 víctimas de las 33 registradas por Codehciu.
Febrero y abril fueron los meses con mayor registro de víctimas de muertes potencialmente ilícitas, con 9 y 8 respectivamente. Marzo queda en tercera posición con 7.
Durante el segundo trimestre el hecho más violento ocurrió el 11 de abril, cuando fueron ejecutados 3 hombres en El Callao, en una actuación mixta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Pero el hecho más violento en los primeros seis meses del año se reportó el 5 de febrero, también en El Callao, en el que fueron ejecutados 6 hombres. En este caso se evidencia de igual manera la actuación mixta de ambos organismos del Estado.
En ambos casos, los medios de comunicación no publicaron el nombre de las víctimas y se limitaron a narrar la versión oficial.
Bajo la custodia del Estado
El Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, instrumento creado por Naciones Unidas, explica que la muerte de una persona bajo la custodia del Estado también puede ser considerada como presunta ejecución extrajudicial.
Durante el primer semestre de 2022, Codehciu registró dos muertes en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo. La primera ocurrió el 30 de marzo y se trató de Julio José Hurtado Mosquett de 34 años, quien murió por complicaciones de salud luego de presentar dolores abdominales debido a una úlcera avanzada.
El segundo caso de muerte bajo custodia del Estado fue registrado el 7 de abril. Tomás Enrique Rodríguez Valdez de 33 años murió, según reportes de prensa, en su celda. Por medio de una publicación de la organización Una Ventana a la Libertad, se dio a conocer que el cuerpo del hombre fue encontrado guindado en las vigas del techo.
Sobre los organismos ejecutores
Tanto en el primer trimestre como en el segundo hubo presencia de actuaciones mixtas de organismos policiales y militares. Este modus operandi revela cómo la violencia a manos de funcionarios sigue teniendo un factor de control y miedo hacia la población bolivarense.
En los primeros seis meses de 2022 tres organismos del Estado ejecutaron a personas en actuaciones mixtas: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), GNB y Dgcim.
Durante el semestre, GNB y Dgcim acumularon 9 ejecuciones por medio de este tipo de actuaciones en conjunto.
Mientras que, en el segundo trimestre, el Cicpc y la GNB ejecutaron a una persona en conjunto.
Sobre las ejecuciones por organismo, la GNB es el que más víctimas acumula por sí solo durante el semestre: contabilizó 9 presuntas ejecuciones en actuaciones individuales y 10 en actuaciones mixtas junto a otros organismos.
El Cicpc está en segundo lugar como el organismo más violento, contabilizando 5 víctimas en actuaciones individuales y una más en actuaciones mixtas.
En relación a los cuerpos estadales hubo presuntas ejecuciones a manos de la Policía del Estado Bolívar (PEB), el Servicio de Investigación Penal (Sipeb) y la Dirección de Inteligencia y Estrategias Policiales (Diepeb). Los tres registraron una víctima cada uno.
La mayor cantidad de víctimas monitoreadas por Codehciu fueron presuntamente ejecutadas a manos de organismos nacionales.
Por otro lado, El Callao, Caroní y Piar encabezan la lista de municipios con más víctimas, con 11, 10 y 4 respectivamente.
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) publicó en febrero que tres de los cinco municipios más violentos de Venezuela se encuentran en Bolívar: El Callao, Sifontes y Roscio.
Violaciones a los derechos humanos
El derecho a la vida está protegido por tratados internacionales y regionales, reconocido también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
“El derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida es un derecho fundamental y universalmente reconocido que es aplicable a todo momento y en cada circunstancia”, explica el Protocolo de Minnesota, “no se permite ninguna suspensión, ni siquiera durante un conflicto armado o en situaciones excepcionales”.
El mismo documento exhorta a los Estados a respetar el derecho a la vida, además de protegerlo y hacerlo efectivo mediante el ejercicio de la debida diligencia. Asimismo, la investigación de las muertes potencialmente ilícitas debe promover la rendición de cuentas y la reparación de los familiares.
Codehciu continúa su exigencia al Estado venezolano a investigar de manera imparcial toda sospecha de ejecución extrajudicial, de modo que los familiares de las víctimas puedan alcanzar la justicia y la verdad.
Los familiares de las víctimas tienen derecho al acceso equitativo y efectivo a la justicia, a una reparación rápida y adecuada, al acceso a la información y a la no repetición de estos hechos.
