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 Nuevas cifras de presuntas ejecuciones extrajudiciales monitoreadas en el primer trimestre del 2021 evidencian arbitrariedades y más violaciones de derechos humanos.

Prensa Codehciu

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó nuevas víctimas de muertes potencialmente ilícitas, o presuntas ejecuciones extrajudiciales, durante el primer trimestre de 2021. Jesús Rodríguez, Anuar Al Assad, Iván José Guzmán, Adrián Alexander Aponte y María Hernández fueron algunos de los ciudadanos ejecutados durante hechos de violencia armada en este período.

Durante el primer trimestre de 2021 hubo 15 víctimas contabilizadas en el estado Bolívar; además, al registro se suman dos víctimas por actuaciones de grupos irregulares en el sector bajo Caura del municipio Sucre.

Este hecho de violencia armada fue alertado por la organización de la sociedad civil Kapé-Kapé; esta narró que el 27 de marzo María Hernández, educadora de la comunidad, fue asesinada junto a su esposo en un asalto perpetrado por grupos irregulares durante una presunta discusión en la mina de “Puerto Cabello”.

La organización explicó en su portal web: “Se presume que el grupo armado ya los había mandado a desalojar la zona para tomar control del terreno que habitaban”.

Ejecuciones y violencia minera

         

Codehciu ha alertado sobre el aumento descontrolado de la violencia en el estado Bolívar derivado de la minería ilegal, el incremento de grupos irregulares armados al sur, y la ausencia de medidas gubernamentales para garantizar la vida de los bolivarenses. En marzo de 2020, la organización publicó sobre 18 masacres tras cuatro años de la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO). Por otro lado, gracias a su investigación sobre los desaparecidos en contexto minero, hasta agosto del año pasado registró al menos 77 personas desaparecidas en las minas al sur de Venezuela en los últimos ocho años. 43% de estas son mineros o comerciantes.

Cabe destacar que una violación de derechos humanos puede ocurrir por acción u omisión del Estado. El Protocolo de Minnesota, documento internacional que es utilizado como herramienta ante la investigación de muertes potencialmente ilícitas, explica que para que estas sean consideradas una violación al derecho a la vida se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

En primer lugar: la muerte puede ser causada por actos u omisiones “del Estado, de sus órganos o agentes” o, incluso, puede ser atribuible a este. Se toma en cuenta la obligación que tiene para respetar la vida humana.

Este primer término incluye no solo las muertes causadas por las fuerzas de seguridad, sino que también entran aquellas que han sido perpetradas por paramilitares, milicias o “escuadrones de la muerte sospechosos de actuar bajo la dirección del Estado o con su consentimiento o aquiescencia”.

En segundo lugar: cuando la muerte sobrevino mientras la persona se encontraba detenida o bajo custodia del Estado, sus órganos o agentes, en lugares en los que este ejerce mayor control sobre la vida del individuo.

En tercera instancia, la muerte puede ser resultado “del incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida”, esto incluye cualquier situación en la que este no ejerza la diligencia debida para garantizar la protección de las personas ante amenazas externas “o actos de violencia por agentes no estatales”.

El protocolo resalta que los Estados deben proteger y hacer efectivo el derecho a la vida, mediante el ejercicio de la debida diligencia para impedir la privación arbitraria de la misma por agentes privados.

Esta es una obligación especialmente importante cuando los agentes del Estado tienen la información específica sobre amenazas contra una o más personas.

Víctimas y victimarios

Según los datos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el último trimestre, el órgano de seguridad más involucrado en estas violaciones de derechos fue el Servicio de Investigación Penal del Estado Bolívar (Sipeb). Este contabilizó 5 casos y supera al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), que en la mayoría de los reportes anteriores se ubicaba en primer lugar.

Otro órgano estadal también sumó al registro: la Policía del Estado Bolívar (PEB) que ejecutó a dos ciudadanos. Y una persona privada de libertad, en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, murió en el hospital Dr. Raúl Leoni de San Félix, municipio Caroní. Se trató de Iván Guzmán Olivos, de 46 años. La organización de la sociedad civil Una Ventana a la Libertad reportó que el hombre sufría de tuberculosis y falleció el 7 de febrero esperando medida humanitaria por parte de tribunales.

Codehciu registró que entre los órganos nacionales vinculados a presuntas ejecuciones extrajudiciales se encuentran la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional (GNB), y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), con 2 víctimas cada uno. Además, el Cicpc sumó 1 caso.  

El 26 de enero de este año la familia de Al Assad Nasser desmintió, en entrevista con el Diario Primicia, el presunto enfrentamiento en el que fue ejecutado su ser querido; estos aseguraron que el hombre no estaba armado durante su encuentro con funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios del estado Bolívar. “A él lo ajusticiaron, ni siquiera nos dieron una explicación”, destaca una cita en la nota de prensa publicada.

El medio de comunicación también relata que el hecho ocurrió en el estacionamiento del Mercado Municipal de Chirica. Familiares narraron que la víctima presuntamente fue ejecutada por un funcionario vestido de civil.

Jesús Rodríguez Dique fue otra víctima registrada y sus familiares de igual forma desmintieron el presunto enfrentamiento en el que fue ejecutado por efectivos de la PNB a inicios de febrero en Caroní.

La madre, que además es víctima indirecta de la presunta ejecución, narró al Diario Primicia que el hombre de 28 años, quien era pescador, fue ejecutado por funcionarios que llegaron a su vivienda. Rodríguez recibió al menos cuatro impactos de bala en su patio.

El monitoreo registró que Caroní fue el municipio con más casos contabilizados, con un total de 9 durante este primer trimestre. Le siguen: Angostura del Orinoco con 3; El Callao con 2 y Roscio con 1 caso.

La organización enfatiza en que los Estados tienen la obligación internacional de garantizar la vida como derecho, que constituye un pilar para el desarrollo de la dignidad humana. Pero en Bolívar las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad estatales continúan protagonizando titulares en medios de comunicación regionales.

Llamado al cese de la violencia

Codehciu inició su monitoreo de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar en 2018. Las recomendaciones que esta y numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolana han hecho a los organismos del Estado ante la exigencia del derecho a la vida no han sido escuchadas, y esto lo demuestran las cifras que cada año acumulan nuevos casos.

En 2020 hubo un total de 208 víctimas en Bolívar según los registros de la organización, monitoreados en medios de comunicación regionales y redes sociales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó sobre 2 mil ejecuciones extrajudiciales entre enero y septiembre de 2020 en Venezuela. La misma instancia había alertado que las cifras del gobierno arrojaron 5.287 muertes a manos de las fuerzas de seguridad en 2018.

En el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicado en julio de 2020, sobre la Independencia del sistema de justicia y la situación de los derechos humanos en la región del AMO, se recomendó al Estado venezolano: llevar a cabo investigaciones efectivas y transparentes con el fin de desmantelar a las bandas criminales y elementos armados “que controlan las actividades mineras” y que enjuicie y sancione “a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos en el AMO y las zonas aledañas”.

Asimismo, el Informe sobre la situación de los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela publicado por la misma oficina en julio de 2019, enfatiza en sus recomendaciones hacia el Estado la necesidad de que se disuelva las FAES y se establezca “un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad”, además de asegurar que los responsables de estas mismas rindan cuentas y que se repare a las víctimas.

Codehciu exhorta al Estado venezolano a implementar el desarrollo de una política de formación a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Además, a garantizar la vida de las personas privadas de libertad, y a realizar las debidas investigaciones, imparciales y eficaces, que permitan ubicar y castigar a los responsables de estas muertes en el estado Bolívar.

Los familiares de las víctimas registradas durante el monitoreo de la organización merecen respuesta del Estado venezolano, mediante una investigación imparcial que les garantice justicia, la no repetición de estos hechos y una reparación. De esta forma no solo se exige que se tomen en cuenta los casos reportados durante el pasado trimestre, sino también todos los denunciados en años anteriores.

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