Hubo 48 muertes potencialmente ilícitas en Bolívar y 19 en Monagas durante 2022

Codehciu contabilizó un nuevo saldo de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre enero y diciembre.

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Prensa CODEHCIU / foto cortesía.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) monitorea los medios de comunicación regionales y las redes sociales para determinar la cantidad de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que se generan en Bolívar y Monagas.

El principal motivo del monitoreo de la organización se debe a los casos de violaciones de derechos que se han estado perpetrando por los cuerpos de seguridad, que actúan en contra de su obligación de respetar el derecho a la vida que está consolidado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Violaciones de derecho en el estado Bolívar

En el 2022 hubo un total de 48 muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar, de las cuales 46 fueron por acción directa o aquiescencia del Estado, mayoritariamente presuntos enfrentamientos. Asimismo, se registró un total de seis declaraciones de familiares que cuestionaron y desmintieron la versión oficial.

El Diario Primicia reportó la muerte de dos ciudadanos, Freddy Vargas y Cruz Romero debido a un presunto enfrentamiento que había sido confirmado por los funcionarios. Sin embargo, el abogado de los familiares declaró que el reporte de los funcionarios era falso y carecía de datos importantes.

Del total de muertes potencialmente ilícitas, 2 de ellas fueron bajo la detención y/o custodia del Estado. Uno de los casos se debió a la muerte de un individuo, Julio José Hurtado Mosquett, en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, que presentó dolores abdominales, a causa de una úlcera avanzada. Asimismo, Tomás Enrique Rodríguez Valdez fue encontrado sin vida suspendido sobre el techo de una de las celdas. Se desconocen más detalles del hecho.

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) las muertes más comunes por causas de salud son tuberculosis, desnutrición grave, neumonía, hepatitis, paludismo, escabiosis, enfermedades gastrointestinales y enfermedades cardiovasculares. Puesto que las cárceles no cuentan con centros de salud para brindar a los reos el acceso a la atención médica y a tratamientos correspondientes, muchos de ellos padecen enfermedades que terminan acabando con su vida, violando así el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que expone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud y bienestar, asistencia médica y servicios sociales.

En cuanto al órgano que ocasionó el mayor número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales fue la Guardia Nacional, siendo el responsable de 25 muertes. Por otro lado, Caroní cerró el año siendo el municipio en el que se generó el mayor número de muertes potencialmente ilícitas con un total de 16, seguido de El Callao con 14.

Presuntas ejecuciones en el estado Monagas

Desde el 2018 Codehciu monitorea los casos de ejecuciones extrajudiciales que son reportados a través de las redes sociales y los medios de comunicación en Monagas.

En el año 2022 la organización registró un total de 19 muertes potencialmente ilícitas entre enero y julio. Sin embargo, no hubo registro de estos casos en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Codehciu ve con preocupación la escasa visibilización de estos hechos por medio de la prensa.

El Periódico de Monagas expuso el caso de Francisco Manuel Martínez de 27 años de edad, que sufrió una muerte por asfixia mecánica en la cárcel La Pica. El privado de libertad se encontraba recluido en el anexo Nelson Mandela. Se presume que se trató de un suicidio, pero esta versión no fue confirmada por las autoridades.

Cotejo.Info determinó la cantidad de 100 presos fallecidos en calabozos policiales y centros penitenciarios del país en el año 2022; de los cuales 57 murieron debido a enfermedades, 21 por hechos violentos, 9 por suicidios, 11 por causas desconocidas y 2 sin información aparente.

El Estado sigue vulnerando derechos

El Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas establece que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de estos hechos violentos. Por ende, los familiares tienen derecho a solicitar y obtener información sobre las causas de la muerte, así como a conocer la verdad acerca de las circunstancias, los acontecimientos y los motivos que la provocaron.

Codehciu exhorta al Estado Venezolano a garantizar la investigación imparcial de los casos de ejecuciones extrajudiciales, con el fin de obtener una aplicación real de la justicia y a su vez, resarcir a todas las personas que se les haya vulnerado sus derechos.

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