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Prensa Codehciu

Este 16 de mayo, las 33 personas de la embarcación Ana María cumplen un año desaparecidas. Desde entonces y hasta la fecha, no hay pronunciamientos oficiales que den a los familiares pistas de lo ocurrido. Entre ellos están los padres de Nadiuska Sifontes (20) y Génesis Reinoza (21), naturales del estado Bolívar. Estos, como el resto de los familiares de las personas desaparecidas, han vivido 12 meses de incertidumbre, desasosiego, desinformación e indefensión.

 

La espera por nuevos detalles ha sido larga y sin resultados.

 

El 16 mayo de 2019 un grupo de 33 personas zarpó de forma clandestina desde el puerto de Güiria, en el estado Sucre, a las 4 de la tarde, con destino a Trinidad y Tobago. Génesis Reinoza, que para ese entonces contaba con 20 años de edad, viajaba a su nuevo destino con la promesa de mejores ingresos económicos en dólares.

 

Génesis era comerciante en el estado Bolívar y vendía productos de higiene personal al sur, en el municipio minero de El Callao. A inicios de mayo de 2019 recibió una llamada proveniente de amigos de Caracas, quienes le ofrecían la supuesta oportunidad de trabajo en Trinidad y Tobago como promotora.

 

El padre de Génesis, Oscar Reinosa, contó a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) que el 13 de mayo la joven decidió partir acompañada de su amiga Nadiuska Sifontes (19); pero él tenía previsto otro panorama: su hija, para no preocuparlo, le contó que iría nuevamente a El Callao para continuar la venta de productos.

Génesis Reinoza es una de las 33 personas desaparecidas que estaban a bordo de la embarcación Ana María.

No obstante,  los planes de Génesis eran otros.

 

Ella no tenía pasaporte. El padre cuenta que el documento de la joven aún estaba en proceso de trámite, y que él no se explica cómo fue posible que lograra salir de Güiria, rumbo a Trinidad y Tobago, con tanta facilidad.

 

“¿Cómo es posible que montaran a gente en la embarcación (Ana María) sin pasaporte?”, se pregunta aún Oscar Reinoza un año después de la desaparición de su hija, y sigue esperando escuchar pronunciamientos oficiales que indiquen por lo menos si existe una investigación sobre el caso.

 

Ante la desinformación y la inexistente respuesta de los organismos de seguridad y de investigación penal, un grupo de familiares de los 33 desaparecidos formaron un comité para exigir el inicio y desarrollo de las investigaciones pertinentes.

 

Hasta la fecha lo único que Oscar Reinoza y los demás familiares conocen, por medio de titulares de prensa y redes sociales, es que: el bote no dejó rastros, así que por los momentos se descarta un presunto naufragio; por otro lado, las autoridades lograron identificar al capitán del Ana María, Alberto Abreu, quien aseguró en un video casero en agosto de 2019 que la embarcación se había hundido, pero esto no ha sido comprobado por entes oficiales.

 

Según narra el diario El Nacional, Abreu tendría un expediente que lo señala como presunto prófugo de la justicia por estar involucrado es casos de trata de personas. En el video que Abreu publicó se defiende diciendo que se trata de un “expediente montado”, y que se encuentra en Trinidad y Tobago sin planes de regresar a Venezuela.

 

Los familiares hablan

 

Isidro Villegas es padre Andy Villegas, uno de los hombres que viajaba en el bote Ana María. En febrero de 2020 el primero denunció ante medios de comunicación que hay al menos 180 personas desaparecidas bajo circunstancias similares, y además también ha alertado que los organismos del Estado venezolano no han actuado con la diligencia adecuada.

 

“Yo me enteré que Génesis había partido a Trinidad y Tobago el día en que salió la noticia de la desaparición del bote”, se lamenta el señor Reinoza, recordando cómo dejó su hogar en Ciudad Guayana para viajar hacia el estado Sucre en busca de respuestas sobre el paradero de su hija.

 

La hermana mayor de Génesis ese día recibió en su teléfono inteligente una foto de la joven y un mensaje explicando su plan de irse a Trinidad y Tobago. Cuando la familia llegó a Güiria, luego de enterarse de la desaparición del bote, preguntaron a las autoridades estatales.

La Guardia Nacional Bolivariana y la Guardia Costera se limitaron a informar solamente la desaparición del barco y sus pasajeros, más no posibles acciones a emprender para dar con su paradero.

 

Transcurridos tres meses desde el fatal acontecimiento, familiares de Nadiuska Sifontes, amiga de Génesis, hablaron con miembros de Codehciu a fin de encontrar apoyo en su exigencia de la verdad y la justicia, y conseguir desahogo de su angustia ante el silencio gubernamental.

 

“Ella se fue y me dijo ‘mamá voy a casa de Génesis’. No llevaba bolso, sino una bolsa de basura donde llevaba su ropa. Y se fue. Como a los dos días me mandó un mensaje: ‘mami, estoy en Güiria’. ‘¿Cómo que estás en Güiria?’, le respondí. Ella no me había dicho que se iba a ir”, así lo narró el padre de Nadiuska, Andrés Sifontes, en agosto del año pasado.

 

Cabe destacar que tres semanas antes de la desaparición del Ana María, la embarcación Yhonailys José naufragó en el sector Boca Dragón; hasta la fecha 28 personas se encuentran desaparecidas.

 

Este es un incidente previo en similares circunstancias que tampoco ha recibido respuesta, impera la omisión y el silencio por parte de los órganos del Estado responsables de investigar los hechos y determinar la verdad sobre los constantes rumores de casos de trata de personas entre Venezuela y Trinidad y Tobago

 

 

La trata de personas: un delito invisibilizado

 

En contexto, los datos de la organización Refugees International, reconocidos y citados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), explican que “Trinidad y Tobago, con una población de casi 1,4 millones de personas, alberga a más de 40.000 venezolanos y venezolanas”.

 

Otro informe de Refugees International, titulado “En Busca de seguridad”, publicado en agosto de 2019,  alerta que la trata de mujeres y  niñas “no es un fenómeno nuevo en Trinidad y Tobago”.

 

La agencia había detectado en su investigación que el número de casos de trata “alcanzó un pico durante los meses del verano de 2018 (…) pasó de apenas unos pocos casos a cerca de 30 casos tan solo entre mayo y julio. Todas las víctimas de trata identificadas por el Gobierno (de Trinidad y Tobago) el año pasado era venezolanas”.

 

El informe hace referencia a la desaparición de dos embarcaciones durante 2019, Ana María y Yhonailys José:

 

«En abril y mayo de 2019, dos embarcaciones naufragaron en la costa de Trinidad; se cree que murieron al menos 50 venezolanos en el incidente. Nueve de los diez sobrevivientes fueron arrestados por trata de personas. Según consta, los tratantes habrían secuestrado a adolescentes venezolanas y las habrían transportado hasta Trinidad y Tobago para  explotarlas sexualmente. Desde estos naufragios, varios individuos más han sido arrestados en Trinidad y Tobago por trata de personas».

 

Un año después de la pérdida y la ausencia de su hija Génesis, Oscar Reinoza solo puede extrañarla con fuerzas. Vivían juntos. Admite que fueron meses difíciles en los que no se acostumbraba al vacío que dejó su hija: “Ella es mi princesa. Es mi compañera y no está. No sabemos si está bien, o si come bien. No sabemos nada”.

 

Desde hace un año los rumores y sospechadas de redes de trata de personas mantienen en alerta a cada uno de los familiares, incluido Reinoza, quien explicó a miembros de Codehciu que se siente preocupado ante tantas historias sobre lo que dicen los pobladores de Güiria que sucede entre Trinidad y Tobago y el estado Sucre. “Como un secreto que todo el mundo sabe”, comenta.

 

 

Exigencias priorizadas al Estado Venezolano

 

La trata de personas reviste muchas formas diferentes. Es dinámica y adaptable, lo cual favorece que permanezca invisibilizada, es por ello que su prevención, investigación y sanción requiere de una respuesta integral, de políticas que van desde el abordaje de sus causas hasta la restitución e indemnización de las víctimas.

 

El Manual para la lucha contra la trata de personas de Naciones Unidas establece que la respuesta eficaz al problema de la trata de personas exige una actuación en colaboración, multiinstitucional, a largo plazo, coordinada, estratégica, bien planificada y con la participación y cooperación de otros Estados. La planificación debe basarse en una evaluación correcta del problema y de la capacidad de respuesta existente.

 

En ese mismo sentido el cumplimiento de la obligación de proteger y garantizar el derecho de las víctimas de conocer la verdad, obtener justicia y reparación,  comienza con cambios legislativos:

 

1. Es necesaria la creación de una Ley Especial que tipifique el delito de Trata de personas como delito autónomo, donde se le reconozca como delito de lesa humanidad de acuerdo con las normas internacionales, que establezca mecanismos para su prevención, investigación y sanción proporcionales a la gravedad del delito.

 

2. Es importante aumentar los esfuerzos para investigar, procesar los delitos de trata de personas, y sentenciar a los tratantes, tomando en cuenta el análisis de las diversas modalidades y patrones criminales que generan desapariciones y redes de trata de personas en el país.

 

3. El Estado debe fortalecer la capacidad y la integridad del sistema de justicia penal para procesar de manera efectiva los casos de trata de personas, garantizando que la búsqueda se realice con perspectiva de género y con el personal adecuadamente capacitado, que incluya personal femenino, tomando en cuenta que la casi totalidad de las personas desaparecidas son mujeres.

 

La trata de personas es un delito pluri-ofensivo donde pueden mediar otros delitos, por lo que el Estado debe garantizar que se realicen las diligencias, actuaciones y actividades propias de investigaciones conexas.

 

4. El Estado debe promover la sensibilización de los funcionarios públicos para la identificación de presuntos casos y el trato adecuado de las víctimas.

 

5. Es deber del Estado propiciar y asegurar que las víctimas participen activamente en la investigación garantizando su rol esencial en el proceso y su resguardo.

 

6. Establezca maneras más expeditas y efectivas de proteger y prestar asistencia a las víctimas de ese delito, brindándoles el reconocimiento como personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y riesgo, velando que no sean objeto de estigmatización y otros malos tratos morales o difamaciones que lesionen su dignidad.

 

En este sentido, Codehciu enfatiza en la obligación del Estado y el derecho de las víctimas de recibir atención psicosocial para el manejo del sufrimiento y la tragedia que provoca la ausencia de la persona que desaparece sin dejar rastro.

 

7. Propicie la identificación y referencia de víctimas, especialmente entre las poblaciones vulnerables, tales como mujeres, niñas, niños y adolescentes, y trabajadores migrantes.

 

Finalmente, en caso de que las actuaciones del Estado deriven en el desistimiento de la presunción del delito de trata de personas, prevalece la desaparición, por tanto, Codehciu exige al Estado venezolano: que continúe la búsqueda de las personas desaparecidas bajo la presunción de que la persona desaparecida está viva;  debe ser una búsqueda permanente, sin interrupciones ni dilaciones, hasta que se determine con certeza la suerte y/o el paradero de cada una de ellas, todo ello apegado a los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas de Naciones Unidas.

 

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