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De acuerdo con lo monitoreado por la organización en los últimos 3 meses, reporta que el Cicpc es el cuerpo del Estado que ha generado el mayor número de muertes en Bolívar.

 

Prensa Codehciu

El inicio del año 2020 en el estado Bolívar estuvo marcado por víctimas y más violaciones al derecho a la vida. La Comisión para los Derechos Humanos y a Ciudadanía (Codehciu) contabilizó 47 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, o muertes potencialmente ilícitas, entre enero y marzo.

 

Caroní es el municipio con más reportes, con un total de 25 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Sifontes registra 8; Angostura del Orinoco, 8;  El Callao, 2; mientras que Sucre, Roscio, Gran Sabana y Cedeño suman 1 caso cada uno.

 

Codehciu, a través de un monitoreo mensual de redes sociales y medios de comunicación digitales de la región, ha denunciado estas ejecuciones desde el 2018 como arbitrariedades del Estado, ante el incumplimiento de garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en otros tratados internacionales.

 

Ejecuciones y violencia

En 2019 Codehciu registró 218 muertes potencialmente ilícitas cometidas por funcionarios de las fuerzas de seguridad pública en Bolívar, y marzo fue el mes con más víctimas ese año con 35.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el órgano involucrado en más casos en 2019, y esto siguió siendo una realidad durante el primer trimestre de 2020.

 

El Cicpc fue el cuerpo más letal con 13 presuntas ejecuciones entre enero y marzo de este año. Le siguen el Ejército Nacional con 10; la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 5; y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) con 6.

 

 

Otros cuerpos del Estado involucrados fueron: la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía del Estado Bolívar (Diepeb) con 4 víctimas; el Servicio de Investigación Penal de Estado Bolívar (Siepeb) con 2; la Policía del Estado Bolívar (PEB) ejecutó a 2 y la Policía del Municipio Caroní a 1 persona.

 

En par de oportunidades hubo fallecidos en los que actuaron cuerpos mixtos del Estado. En uno de esos casos las FAES y Sipeb ejecutaron a 2 individuos; en otro, FAES y la Policía del Municipio Caroní ejecutaron a 2 personas más.

 

Derecho a la vida vulnerado

El reporte de Codehciu explica que: “Tres familias desmintieron las declaraciones de funcionarios que señalaron los hechos como ‘enfrentamientos’, alegando que las víctimas fueron ejecutadas, dos por las FAES y una por la Guardia Nacional Bolivariana”.

 

Euclides Fajardo, de 32 años, se encontraba el 26 de enero en su vivienda en el asentamiento campesino Los Clavellinos, en San Félix, cuando llegaron funcionarios de las FAES y tocaron su puerta. El hombre recibió dos disparos. El Diario Primicia reseñó que las fuentes oficiales narraron un presunto enfrentamiento, pero los familiares de la víctima desmienten esta versión.

 

 

Otro de los casos monitoreados por Codehciu durante el primer trimestre de 2020 fue el de Froilán Báez de 21 años.  El joven también fue ejecutado por las FAES en el municipio Caroní. La familia de la víctima declaró a la prensa que se encontraba en casa con sus hermanas, y desmintieron un presunto enfrentamiento.

 

Dylan Vera Zerpa, de 22 años, fue ejecutado por la GNB en la parroquia 11 de Abril, en Caroní, el 18 de febrero. La prensa señala que funcionarios llegaron a su vivienda y sacaron a su familia, para luego quitarle la vida al ciudadano. Los testigos también negaron el presunto enfrentamiento.

 

 

Los derechos al debido proceso y a la vida, consagrados en la Carta Magna venezolana y en tratados internacionales, se vulneran cuando el Estado no realiza las investigaciones pertinentes ante este tipo de casos.

 

Los análisis de la organización sobre estas presuntas ejecuciones tienen fundamento en el Protocolo de Minnesota, documento que sirve de modelo para la investigación de estas muertes, recomendado a los Estados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

El protocolo brinda una guía para que el Estado investigue toda sospecha de muerte potencialmente ilícita de manera independiente,  con un enfoque orientado al respeto de la integridad y la vida de la persona.

 

Febrero de 2020 fue el mes más violento del primer trimestre de 2020 con 25 víctimas. Marzo y enero registraron 11 cada uno.

 

Ante esto, Codehciu reitera la exigencia al Estado:

“El Estado Venezolano tiene la obligación ineludible de investigar toda sospecha de muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial, sancionando a los responsables y garantizar la no repetición. Toda investigación debe hacerse atendiendo a la búsqueda de la verdad, la obtención de justicia para las víctimas y la reparación”.

 

 

Recientes actuaciones de los órganos de seguridad

 

Este 23 de abril los reportes de saqueos alarmaron a los ciudadanos de Upata, en Bolívar. Los disturbios dejaron un saldo de un muerto, Charlis Antonio Núñez de 29 años, y un funcionario del Estado detenido.

 

El Gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, declaró “Fallece un joven por disparos que presuntamente hizo un cuerpo policial. Ya esta persona está a la orden del Ministerio Público para la investigación del hecho”.

 

La organización hace énfasis en la importancia de funcionarios preparados que conozcan sobre los principios básicos que deben regir el uso de la fuerza policial: la legalidad, la proporcionalidad, y la necesidad.

 

Ante este suceso, Codehciu añade: “La actuación de los órganos de seguridad debe ser ajustada para causar el menor daño letal posible, por como lo expresan los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley del ACNUDH”.

 

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