Entre las víctimas del nuevo naufragio hay 9 integrantes de una familia, el padre de ellos está detenido por ser el dueño de la embarcación en la que emprendieron el viaje que tenía como destino Trinidad y Tobago.
Prensa Codehciu / foto referencia, cortesía
La distancia entre Güiria, en el estado Sucre, y Puerto España, capital de Trinidad y Tobado: es de unos 100 kilómetros. Para muchos pareciera ser poco y asumirían que es algo hasta sencillo, pero la travesía es una completa pesadilla, la cual ha enlutado a más de 10 familias venezolanas.
Miles de venezolanos se han arriesgado a cruzar esas aguas, conociendo los riesgos que existen. Lo hacen en pequeñas embarcaciones pesqueras las cuales no están en condiciones de realizar esos viajes. Cruzan todo el golfo de Paria con un objetivo claro: la isla de Trinidad.
Muchos huyen de la pobreza, la crisis, la falta de servicios, medicinas entre otros, que hay en Venezuela; en otras ocasiones se dejan llevar por las esperanzas falsas y caen como víctimas de trata de personas.
Eumelis Moya, abogada y defensora de derechos humanos, destaca que converge la unión de factores económicos, sociales, políticos, culturales, que hacen que la cotidianidad del venezolano solo de supervivencia más que de desarrollo o evolución: “Esto hace que las personas busquen soluciones que no siempre son tomadas en una ilación de acciones asertivas”.
Fue la Guardia Costera trinitaria la que informó el día 13 de diciembre que 11 cuerpos sin vida habían sido localizados en aguas cercanas de Güiria. Después el gobierno venezolano publicó un comunicado pero en este se agregaban 3 víctimas más, elevando la cifra de fallecidos a 14.
Las autoridades terminaron confirmando que de 14 se elevó a 20 los venezolanos que habían fallecido en el naufragio cuando viajaban hacia Trinidad y Tobago “a reencontrarse con sus familias” por Navidad, según información del gobierno de Nicolás Maduro.
En la embarcación, calificada por las autoridades como “inadecuada”, iban 21 personas, pero hasta la fecha no hay detalles sobre el vigésimo primer pasajero.
“Parte de lo que se le cuestiona a los organismos del Estado es en todo caso la obligación de educar y sensibilizar, fomentar campañas informativas que hablen de trata, a pesar que ha habido avances como un plan aplicado por el Ministerio Público en el 2019, no evidencio su alcance, si las medidas funcionan o no”, destacó Moya.
Una ruta peligrosa
100 kilómetros pareciera ser tarea fácil, pero el trayecto de Güiria a Trinidad es sumamente complicado y peligroso. El primer punto de llegada es Macuro, una localidad venezolana ubicada en el municipio Valdez del estado Sucre; es remota, y a ella solo se llega de forma marítima. Tras llegar a ese punto, viene el enfilar de las embarcaciones a mar abierto, con destino a Trinidad y Tobago.
El viaje es de más de 1 hora y media, y en medio de ella hay otras rutas que son peligrosas y obstaculizan el cumplir de los objetivos, como Bocas del Dragón o Boca del Dragón, nombre que reciben varios estrechos que separan el golfo de Paria del mar Caribe; este está en aguas divididas entre Venezuela y Trinidad y Tobago.
El portal Crónica Uno destacó que en el reciente naufragio, nueve miembros de una familia fallecieron, “los hermanos Martínez, sus hijos y esposas fueron reconocidos por sus parientes en Güiria. El grupo familiar partió en la embarcación Mi Recuerdo con destino a Trinidad y Tobago, el domingo 6 de diciembre. El padre de los jóvenes fallecidos, Luis Alí Martínez, fue detenido y según el Ministerio Público presuntamente tiene vinculación con una red de trata de personas”.
Vulneración de los DDHH
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó a los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago a coordinar todas las acciones para respetar, proteger y salvaguardar la vida de migrantes y refugiados.
“Instamos a las autoridades venezolanas y de Trinidad y Tobago a coordinarse y cooperar para proteger la vida y la seguridad de los migrantes y refugiados, incluso mediante operaciones de búsqueda y rescate efectivas en el mar e investigando de manera rápida, efectiva, exhaustiva y transparente este trágico incidente. También es extremadamente importante que los dos Gobiernos se coordinen y cooperen con respecto a las rutas migratorias seguras”, destacó Acnudh.
Desde la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, (Codehciu), exhortamos al Estado venezolano a respetar los DDHH de los venezolanos y las venezolanas, a resguardar su integridad y seguridad y sobre todo a impartir justicia de forma transparente. Nuestra denuncia no es nueva, el Estado ha venido vulnerando los DDHH de los ciudadanos desde hace varios años a través de sus organismos, lo que ha agudizado la emergencia humanitaria compleja.
Moya también destaca que el Estado de forma oficial no reconoce la existencia del problema, “hay pronunciamientos incipientes de un Estado frente a otro Estado, en el que hay una especie de juego de responsabilidades, yo me eximo, tú te eximes, se valen de esas creencias, de esa realidad que ha sido subestimar el alcance y el poder de los medios, de la información. Considero que son dos Estados irresponsables que no están sabiendo manejar el problema, porque es una realidad que afecta a ambos”.
En mayo de 2020 Codehciu también exigió al Estado a dar respuestas tras un año de la desaparición de la embarcación Ana María, que zarpó clandestinamente desde el puerto de Güiria, en la que desaparecieron 33 personas, entre ellas las jóvenes Nadiuska Sifontes y Génesis Reinosa.
