Codehciu alerta sobre 54 presuntas ejecuciones extrajudiciales

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 Estos hechos se registraron en los primeros siete meses del presente año

Prensa Codehciu /imagen de portada referencial cortesía NTN24

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) continúa su monitoreo de ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar. Los hechos que revelan vulneraciones al derecho a la vida y a la integridad de los ciudadanos marcan un patrón de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Entre enero y julio de 2021 la organización defensora de derechos humanos registró 54 víctimas, siendo abril, mayo y julio los meses más violentos.

Este monitoreo, que inició en 2018, tiene como base la defensa de los derechos humanos y lo consagrado en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, documento de carácter internacional que sirve como norma para  lograr justicia sobre estas muertes.

El monitoreo arrojó que hubo cuerpos nacionales, estadales, municipales, y en ocasiones actuaciones mixtas, involucrados en presuntas ejecuciones extrajudiciales durante los primeros siete meses del año.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) es el órgano que contabiliza más víctimas con 24. Le sigue: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 10.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) arrojó una cifra de 6 personas ejecutadas. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB registraron 3 ejecuciones cada uno. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) registró una víctima.

Con respecto a los cuerpos estadales y municipales: el Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Bolívar (Sipeb) registró 6 personas ejecutadas. Y mientras la Policía del Estado Bolívar (PEB) ejecutó a 5, Patrulleros de Caroní contabilizó solo un caso.

En algunos casos incluso hubo actuaciones mixtas de los cuerpos de seguridad en estas escenas de violencia. La GNB junto el DGCIM estuvieron implicados en 2 de este tipo de hechos, y la GNB junto al Cicpc en 12.

En los últimos meses la organización ha alertado sobre 2 personas asesinadas por grupos paramilitares.

Codehciu alerta que las muertes de personas privadas de libertad son consideradas potencialmente ilícitas ya que en los centros de reclusión es donde el Estado ejerce mayor control sobre sus vidas. Esta afirmación también la complementa lo que describe el Protocolo de Minnesota.

Asimismo, la organización alerta sobre un caso ocurrido en los calabozos de la coordinación policial de Guaiparo, donde un hombre murió bajo custodia del Estado.

Los datos de Codehciu arrojaron que Caroní es el municipio con más casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, con 18. A este le siguen: Piar con 15; Angostura del Orinoco con 7; El Callao con 5; Padre Pedro Chien con 3; Cedeño con 3; Sucre con 2 y Roscio con 1 caso.

Codehciu hace énfasis en la importancia de reconocer las ejecuciones extrajudiciales como violaciones de derechos humanos. El Estado venezolano está en la obligación de investigar estos hechos para que los familiares de las víctimas consigan justicia y reparación, además debe haber garantía de no repetición.

El Protocolo de Minnesota establece los elementos y principios de la investigación de una muerte potencialmente ilícita. Debe haber prontitud, ya que sin esta se viola no solo el derecho a la vida sino también el derecho a un recurso efectivo. “Las autoridades deben realizar una investigación lo antes posible y proceder sin demoras injustificadas”, destaca el documento.

Por otro lado, estas investigaciones deben contar con efectividad y exhaustividad: “Los investigadores deben reunir y verificar todas las pruebas testimoniales, documentales y físicas”, según el documento, además este trabajo investigativo debe permitir asegurar la rendición de cuentas.

El protocolo también establece que el Estado debe asegurar la independencia y la imparcialidad de estas investigaciones.

En el año 2020 Codehciu registró 208 de estas violaciones de derechos humanos en el estado Bolívar.

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