Ricardo Delgado, alcalde de Gran Sabana entre 2000 y 2004, hoy en el exilio, alertó a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) sobre el riesgo de las etnias del sur de Bolívar por el avance de las políticas violentas que se derivan del Arco Minero.

 FOTO: cortesía de  El Nacional

Prensa Codehciu

 

Alcalde Gran Sabana entre 2000 y 2004 y exiliado en Brasil a raíz de la persecución gubernamental en su contra que se desató en febrero de 2019 (cuando fuerzas militares masacraron a indígenas y criollos en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén), Ricardo Delgado señala que la matanza ocurrida en Ikabarú el 22 de noviembre es una de las muchas que han ocurrido y continuarán si no hay un freno a la política extractivista que predomina en el Arco Minero del Orinoco.

 

-A la luz de los días transcurridos, ¿qué pasó en Ikabarú?

-Es el mismo esquema de lo que ha ocurrido en Guasipati: en Guasipati, en el año 2018, dijeron que hubo un enfrentamiento del Ejército contra bandas y luego han dicho lo mismo. Siempre el Gobierno dice que fue un enfrentamiento.

Si es un enfrentamiento, debía haber bajas por ambos lados. Eso se reveló mucho más cuando pasó lo de Canaima (el asesinato de varios indígenas en el parque nacional). Los propios actores confesaron que habían ido a masacrar indígenas. Luego había un plan de extracción (del oro) por helicópteros.  Luego, lo que pasó en Kumarakapay (febrero de 2019: el asesinato de varios indígenas por parte del Ejército) fue lo mismo.

El uniforme verde no garantiza que sea militar: puede ser militar, guerrillero, colectivo, cualquier otra persona. En Kumarakapay dijeron que había ocurrido un enfrentamiento y allí no hubo ningún enfrentamiento: se bajaron los uniformados y mataron a esa gente.

En Ikabarú, entonces, ya se sabía que estaban ingresando los agentes de la Dgcim que habían estado en Canaima y cuando llegaron allá ya sabían cómo iban a proceder. Gritaban que era el sindicato de “el Ciego”, pero es como un libreto para que la gente diga que son los sindicatos (eufemismo para identificar  las bandas armadas). Es el mismo patrón: no hay ninguna variación en todas estas masacres.

 

-Son entonces ejecuciones extrajudiciales: fusilamientos disfrazados de enfrentamientos.

-Sí. El objetivo final es tomar la zona por parte de grupos irregulares favorables al Gobierno.

 

-¿Cuáles son esos grupos?

-El que maneja el Gobierno es la guerrilla. Pero puede ser cualquier otro grupo. El que estaba no es que estaba necesariamente en contra del Gobierno, pero lo necesitan eliminar porque quieren otros actores. Cuando estaba (Francisco) Rangel Gómez (gobernador chavista del estado Bolívar entre 2004 y 2017), esos grupos fueron desplazados por la guerrilla porque esos grupos de Rangel Gómez no les responden a Noguera. Ahora Noguera está metiendo sus grupos con el apoyo del Ejército.

 

-¿Entonces esto es algo que va a seguir sucediendo?

-Esa gente hasta que no tome el control de todas las zonas mineras no va a descansar.

 

-¿Cuáles comunidades son las más vulnerables en este momento?

-Tenemos información de que al principio iban a ingresar por las zonas aéreas, como hicieron cuando llegaron a Canaima. Pero como fueron descubiertos se vinieron por el eje carretero. Pero todas esas comunidades como Kamarata y Urimán están bajo riesgo: podrían ser los próximos puntos de incursión militar.

 

-¿Por qué se arremete contra las comunidades indígenas? ¿A qué le teme?

-Porque nunca han sido gobierneras. En el 99, con el tema de la Constituyente, se conquistan derechos importantes para los pueblos indígenas, como el derecho a la tierra y la información y consulta previa. Además de los derechos ambientales, también está el derecho a la participación política. Sin embargo, después de que muere (Hugo) Chávez (en 2013), ya con Maduro comenzó a desatenderse a las comunidades. No se hace consulta previa a las comunidades. Por ejemplo, el Arco Minero se hizo sin consulta previa. Maduro compra algunos líderes y dice que está con los pueblos indígenas pero no es así.

 

-En todo este contexto hay un silencio importante: el del Ministerio de Pueblos Indígenas. Ni una condolencia. ¿Cómo lo interpreta?

-De ese ministerio no esperamos nada porque es un órgano del Estado represor. Es un despacho que va a seguir lineamientos del Gobierno. El Consejo de Caciques de Canaima se pronunció el año pasado sobre lo de Canaima porque juraban que no había sido el Gobierno. Cuando se dieron cuenta, callaron. Fíjate: hasta esta fecha, martes 26 de noviembre, no se han pronunciado por lo ocurrido en Ikabarú.

 

-¿Qué les espera a los indígenas con la continuación del Arco Minero del Orinoco?

-Estamos tratando de decirle al mundo que esto no es un tema ideológico, sino de protección del ambiente y de las comunidades indígenas. Hacia allá queremos llevar el discurso sobre el riesgo que representa Maduro para esa zona y para la sobrevivencia de los pueblos indígenas.

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