Defensores de Derechos Humanos en el país coinciden en que el informe confirma parte de las acciones que han venido denunciando en los últimos años.
Prensa Codehciu / fotos archivo Codehciu
A través del informe presentado este 16 de septiembre por la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela, se reflejó que altos funcionarios han cometido violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos (DDHH).
El informe del grupo de expertos indicó que tanto Nicolás Maduro como los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes y violaciones de DDHH cometidos. Un contexto que desde hace años ha sido denunciado en el país por distintas organizaciones de la sociedad civil que tienen como objetivo documentar y velar porque se garantice la vida digna.
La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, integrada por la presidenta Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Paul Seils, se estableció en virtud de la resolución 42/25, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019.
Durante un año tuvieron como objetivo investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
En el informe reflejan 233 casos indagados, consiguiendo 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional debido a que no pudieron visitar Venezuela por la falta de respuesta gubernamental ante la solicitud de permitir la inspección, así como las restricciones por el COVID-19.
El equipo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) conversó con algunos defensores de DDHH a fin de conocer su perspectiva sobre el informe.
Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señaló que las organizaciones de DDHH sabían con contundencia que las afirmaciones que hiciera la Misión iban a generar no solo una fotografía muy detallada de la gravedad de las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, ya que también iba a comenzar a señalar responsabilidades en la cadena de mando.
Avances para obtener justicia
“Creemos en primer término, en la búsqueda de justicia y que se escuche la voz de las víctimas sobre las diferentes situaciones planteadas. Ya no hay excusas para decir a nivel internacional que no se cuenta con información fiable, confiable, sobre lo que ha ocurrido en Venezuela sobre materia de DDHH, no solamente este informe, sino el conjunto de informes y documentos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas dan cuenta de una realidad grave que necesita la actuación de la comunidad internacional para intentar detener esta situación”, destacó Uzcátegui.
En segundo término, destacó la existencia de una política estatal que es sistemática para violar derechos humanos de los venezolanos, por lo tanto no es una actuación aislada o individual de algunos funcionarios, sino que es además una política institucionalizada: “Aquí hay que ratificar la responsabilidad que tiene el Ministerio Público, que tiene la fiscalía, pero también alertar sobre las omisiones, la tolerancia la complicidad por la propia defensoría del pueblo en estos delitos de lesa humanidad”.
¿Qué viene ahora?
Asimismo Marino Alvarado, miembro de Provea, puntualizó que esta semana será de suma importancia para determinar qué relevancia terminará teniendo el informe, así como la Misión, es decir, si se prorroga su mandato o no.
Destaca dos escenarios, “uno es que no se prorrogue el mandato, que el consejo de DDHH considere que el informe es suficiente y por lo tanto hasta ahí llega el trabajo de la Determinación de hechos y lo otro es que se apruebe prorrogar su mandato 6 meses, 1 o 2 años, habrá que ver en definitivamente si se prorroga y cuál sería el tiempo de trabajo que se le da a la comisión”.
En dado caso de que se dé una extensión del periodo, Alvarado mantiene que “la Misión continuará avanzando en aquellos casos los cuales pudo conocer más no profundizar en ellos, recoger más testimonios de víctimas y persona dispuestas a colaborar incluso algunos de los señalados en el primer informe pudieran plantarse como una forma, digamos, de evitar a futuro mayores inconvenientes empezar a colaborar y declararse como colaboradores de manera confidencial”.
“De igual forma de no haber prórroga se pueden dar varias consecuencias, políticas y jurídicas. El informe puede terminar siendo consignado en la Corte Penal Internacional, la importancia es que la Misión estableció que en Venezuela hay suficientes elementos para considerar que se han cometido delitos de lesa humanidad y además señala a unos presuntos responsables”, analizó Alvarado.
Justicia para Venezuela
Mairis Balza, abogada, coordinadora general de Codehciu y defensora de derechos, explica que el informe de la Misión “es un acto de verdad, que ahora espera por justicia”.
“Sus datos y afirmaciones revelan la crueldad de los actos de altos funcionarios del Estado y ello radica fundamentalmente en tres resultados de la investigación: primero, la existencia de patrones que resultaron en los delitos de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, tratos crueles y degradantes, todos ellos competencia de la Corte Penal Internacional. Esto permite que pueda usarse como insumo ante este órgano”, añade Balza.
Por otro lado también explica el carácter sistemático de las violaciones, lo que significa la presencia de una política de Estado “un acto deliberado, consciente, que requirió de autores materiales e intelectuales, cómplices necesarios y colaboradores”. Asimismo, son diversos los funcionarios de seguridad, del Poder Judicial y del Ejecutivo involucrados en las violaciones que narra el informe.
La coordinadora y cofundadora de Codehciu destaca la importancia de este paso hacia adelante para la lucha por la defensa de derechos: “La Misión no solo centró su investigación en verificar incidentes y patrones, sino que identificó responsabilidades individuales. El camino para ahondar en las investigaciones que permitan iniciar acciones contra personas determinadas es indispensable para que las víctimas alcancen justicia. Esperamos Justicia Para Venezuela”.
El jueves 24 de septiembre 25 países intervinieron en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ante lo descrito en el informe de la Misión de determinación de Hechos. Algunos de los representantes expresaron su preocupación sobre la degradación de la democracia en Venezuela y los ataques sistemáticos contra la población civil.
Este viernes 25 de septiembre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dará una actualización sobre la situación de Venezuela.
[…] los datos de Codehciu muestran que Bolívar tampoco se escapa de las violaciones al derecho a la vida. Entre julio y agosto órganos de seguridad municipales, estadales y nacionales actuaron en casos […]
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