Continúan las violaciones del derecho humano a la vida en el estado Bolívar mientras Naciones Unidas pone su lupa en los crímenes de lesa humanidad en el país.
Prensa Codehciu / foto de portada cortesía
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) continúa alertando sobre las múltiples violaciones a los derechos a la vida y a la integridad de los bolivarenses. Las muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar siembran miedo en los municipios, mientras crecen la violencia y la falta de justicia.
El monitoreo realizado por la organización desde 2018, utilizando publicaciones en medios de comunicación regionales y en redes sociales, contabilizó 49 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre julio y agosto: 19 víctimas en el primero y 30 durante el segundo. Lo que evidencia un aumento significativo de actuaciones arbitrarias de los organismos del Estado.
En reportes anteriores Codehciu alertó sobre 127 víctimas en los primeros seis meses de 2020. La cifra sube ahora a 176 entre enero y agosto. Pero abril sigue siendo el que acumula más con una cantidad de 38.
José Robinson Figuera, una de las víctimas registradas, fue ejecutado, durante un presunto enfrentamiento, por la División de Inteligencia de la Policía del estado Bolívar (Diepeb) en el municipio Angostura del Orinoco. Reportes en julio del diario Primicia narran que el hombre intentó “escabullirse” de los organismos de seguridad.
Como ocurre en gran parte de los registros, solo se narró la versión oficial. Pero no fue el caso de Wuilliam Gabriel Yépez, otra víctima, porque sus familiares desmintieron el presunto enfrentamiento de la versión de la Policía del Estado Bolívar (PEB).
Testigos contaron que Yépez, de 18 años, fue llevado hasta el patio de su casa por los funcionarios de la PEB, donde lo ejecutaron con arma de fuego.
Violación sistemática a los derechos
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe oral sobre Venezuela expuesto el viernes 25 de septiembre, alertó que su oficina registró más de 2.000 muertes por operativos de seguridad en el país desde enero de 2020.
El 16 de septiembre la Misión Internacional de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela publicó un informe que narra múltiples delitos de lesa humanidad en el país. El documento responsabiliza al Estado y a algunos funcionarios de violación sistemática de derechos humanos, y registró casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el 2014.
Igualmente, los datos de Codehciu muestran que Bolívar tampoco se escapa de las violaciones al derecho a la vida. Entre julio y agosto órganos de seguridad municipales, estadales y nacionales actuaron en casos de muertes potencialmente ilícitas, siendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el que registró más víctimas.
Cicpc estuvo involucrado en 10 ejecuciones en Bolívar, según el registro de Codehciu durante ese período de dos meses. Los otros organismos del Estado que le siguen son las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con 7 víctimas cada uno. Por otro lado, la Dirección de inteligencia y Estrategias de la Policía del Estado Bolívar (Diepeb) fue el cuerpo estadal que sumó más, con 5 muertes.
Caroní vuelve a ser el municipio con más víctimas en el monitoreo, sumando 25 entre julio y agosto. Siguen: Angostura del Orinoco con 13 contabilizadas; El Callao con 6; Sifontes registró 3, mientras que Piar sumó 2 muertes potencialmente ilícitas.
Como lo explica el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, estas pueden ocurrir durante distintas situaciones. Quizás la más conocida se evidencia cuando la persona es ejecutada por agentes del Estado, como por ejemplo: debido a la actuación arbitraria de fuerzas de seguridad o grupos que actúen bajo la dirección del Estado o con su aquiescencia.
Otro escenario que considera el Protocolo es uno donde la muerte sobreviene cuando la persona se encuentra bajo custodia del Estado. “Incluye todas las muertes de personas en prisiones, en otros lugares de reclusión y en otras instalaciones donde el Estado ejerce un mayor control sobre su vida”, expresa el documento.
Concretamente las cifras de Codehciu contabilizaron, entre julio y agosto, a 8 individuos que perdieron la vida bajo custodia del Estado. De estos, 5 murieron en los calabozos del Centro de Coordinación Policial en Guaiparo, 2 en la cárcel de El Dorado y 1 en Vista Hermosa.
Debe haber investigaciones imparciales
Codehciu alerta que el Estado tiene el deber de investigar, de manera imparcial, toda sospecha de muerte potencialmente ilícita, asegurar la reparación a los familiares de las víctimas y lograr que estos alcancen justicia. Además, tiene el deber de garantizar la no repetición de estos hechos que violan derechos humanos.
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