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Un aumento de casos de ejecuciones extrajudiciales refleja la arbitrariedad de un Estado que no se preocupa por garantizar los derechos humanos.

 

Prensa Codehciu / infografías Codehciu / imagen de cabecera cortesía EL NACIONAL

 

Proteger el derecho a la vida, promover la justicia, la rendición de cuentas y  la reparación mediante una investigación eficaz, son los objetivos del Protocolo de Minnesota. Sus directrices forman el pilar de la investigación sobre muertes potencialmente ilícitas de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) que inició en 2018.

 

El monitoreo sobre muertes potencialmente ilícitas o ejecuciones extrajudiciales de Codehciu ha registrado entre abril y mayo de 2020 una cifra de 65 casos, en los que prevalece la vulneración constante al derecho a la vida por parte de funcionarios del Estado.

 

Durante ambos meses el organismo de seguridad que más ejecutó  a ciudadanos fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc): 14 casos en abril y 13 en mayo.

 

 

El mes con más casos en lo que va de 2020 es abril con 38 víctimas, además supera a marzo de 2019 que contabilizó 35 y fue el más violento del año pasado. Lo que indica, según los reportes de Codehciu, que la pandemia por COVID−19 y el aislamiento social no mermaron la violencia en Bolívar.

 

En mayo de 2020 hubo 27 casos y 6 de ellos corresponden  a  personas privadas de libertad: una  murió en el hospital Dr. Raúl Leoni en San Félix, dos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, y tres en la Cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar.

 

Las ejecuciones extrajudiciales no solo se dan en circunstancias donde la violencia armada es la protagonista. El Protocolo de Minnesota  expresa que también deben ser consideradas las muertes donde las personas estaban detenidas o  bajo la custodia del Estado, de sus órganos o agentes.

 

Describe el documento de carácter internacional: “Incluye este supuesto, por ejemplo, todas las muertes de personas detenidas en prisiones, en otros lugares de reclusión (oficiales y de otro tipo) y en otras instalaciones donde el Estado ejerce un mayor control sobre su vida”.

 

Además esta violación a los derechos humanos también puede originarse ante el incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida de los ciudadanos, en situaciones en las que sus organismos no ejerzan la debida diligencia. Toda muerte ocurrida bajo circunstancias sospechosas que involucren a cuerpos de seguridad debe ser investigada.

 

Datos de abril

 

Mediante el monitoreo a medios de comunicación de la región, Codehciu alertó que el municipio con más víctimas durante abril fue Caroní con 16 casos contabilizados; le siguen: Angostura del Orinoco, con 9; Sifontes, con 6; Gran Sabana, con 4; mientras que El Callao tuvo 2 y Piar 1.

 

 

Los cuerpos de seguridad involucrados en estos hechos de abril fueron: Cicpc, con 14; Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), con 6 casos; el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Siepeb), con 6; la Dirección de Inteligencia y Estrategia de la Policía del estado Bolívar (Diepeb), con 5.

 

 

Por otro lado, entre otros órganos involucrados están la  Policía Nacional Bolivariana, el Ejército Nacional, Guardia Nacional Bolivariana, Policía del Estado Bolívar, Policía municipal de Caroní  (PMC) y de Angostura del Orinoco, con 1 caso cada uno.

 

En uno de los registros Codehciu contabilizó una ejecución realizada por comisión mixta,  conformada por efectivos del Cicpc y PMC.

 

Afectaciones psicológicas

 

El área de atención psicosocial de Codehciu describe algunas consecuencias psicológicas ante estas violaciones al derecho humano a la vida:

 

“La principal sensación ante esta realidad es la incertidumbre por parte de los familiares de las víctimas directas, pues pareciera no haber modo de conseguir la reparación; y poco a poco evoluciona hasta convertirse en desesperanza o en términos psicológicos más técnicos ‘desesperanza aprendida’ entendida, como el proceso mental caracterizado por la sensación de indefensión y falta de control sobre una situación, que termina generando razonamientos del tipo independientemente de lo que haga todo seguirá igual”.

 

 

Datos de mayo

 

Durante mayo de 2020 Caroní volvió a figurar como el municipio con más víctimas de ejecuciones extrajudiciales, con 14, seguido por Angostura del Orinoco con 6. Este mes es el segundo más violento en lo que va del año, contabilizando 27 casos, de los que 21 fueron por presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad.

 

Los cuerpos de seguridad del Estado involucrados en estos hechos violentos fueron el Cicpc, con 13 víctimas; la PEB, FAES, GNB con 2 casos cada uno, y PNB con 1 ejecutado.

 

Además una comisión mixta conformada por el Cicpc y Sipeb estuvo involucrada en la ejecución de un ciudadano.

 

El Protocolo de Minnesota resalta que el estado debe cumplir  los principios destinados a la investigación de muertes potencialmente ilícitas o ejecuciones extrajudiciales: prontitud, para asegurar el derecho a la vida y a un recurso efectivo; efectividad y exhaustividad, para reunir pruebas y testimonios y así  asegurar la rendición de cuentas; independencia e imparcialidad, desde el punto de vista institucional y formal, en la teoría y la práctica.

 

Es importante resaltar que el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en julio de 2019, alertó:

 

 

“Desde principios de 2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las operaciones de seguridad denominadas ‘Operaciones de Liberación del Pueblo’ implementadas de 2015 a 2017”.

 

Asimismo, un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) para su informe anual de 2019, reflejó que Bolívar es el segundo estado más violento de Venezuela. Esto también está aunado al incremento de la violencia armada como consecuencia de la actividad minera ilegal al sur. Según cifras de Codehciu, hay contabilizadas 18 masacres en la región desde la creación del Arco Minero del Orinoco.

 

 

Codehciu exhorta al Estado

 

Codehciu exhorta al Estado venezolano a investigar de manera seria, imparcial y responsable toda sospecha de muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial, tomando en cuenta lo constituido dentro del Protocolo de Minnesota, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados y normativas internacionales.

 

La organización recomienda al Estado venezolano a mantener a sus funcionarios en constantes procesos formativos que involucren su crecimiento en conocimientos sobre derechos humanos.

 

Las sanciones a los responsables deben ser garantizadas de manera primordial para lograr la justicia y la no repetición de estos hechos que vulneran y violan derechos.

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