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La falta de políticas públicas que ayuden a la defensa y garantía de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en el estado Bolívar merma su calidad de vida en un contexto de impunidad y vulnerabilidad.

 

Prensa Codehciu

La violencia basada en género (VBG) en el estado Bolívar sigue sumando víctimas en el contexto de pandemia y emergencia humanitaria compleja. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó 9 femicidios entre enero y mayo.

 

Durante el primer trimestre de 2020 la organización alertó sobre 3 femicidios, y entre abril y mayo hubo 6.

 

En esta oportunidad el monitoreo de Codehciu registró en abril 16 mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia basada en género, y 21 casos durante mayo.

 

La pandemia por COVID-19 y el distanciamiento social no han mermado la violencia contra la mujer en los hogares; por el contrario, han significado un aumento de las vulnerabilidades.

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) explica que durante cualquier crisis las mujeres se encuentran en un alto riesgo de sufrir de violencia de pareja y otros tipos de violencia doméstica debido al aumento de tensiones en el hogar.

 

En este sentido, los Estado están en la obligación de prestar atención a lo que ocurre en los hogares y tomar en cuenta las necesidades en la salud, derechos sexuales y reproductivos, y demás vulneraciones a niñas, adolescentes y mujeres.

 

 

El reiterado registro de violencia contra la mujer demuestra que el estado Bolívar aún tiene mucho que avanzar. Caroní fue el municipio con más casos de VBG en abril, con 7; le sigue Angostura del Orinoco con 5, mientras que El Callao y Sifontes contabilizaron 2 casos cada uno.

 

De las 16 mujeres afectadas por la VBG en abril, 4 fueron víctimas de femicidio y 5 de violencia física. Además Codehciu contabilizó 2 mujeres desaparecidas dedicadas a la economía informal en zonas mineras del estado Bolívar.

 

 

En abril también hubo registro de 4 actos lascivos a niñas entre los 3 y 14 años.

 

La organización alerta que la violencia armada complica el contexto de supervivencia de las mujeres. El Arco Minero del Orinoco (AMO) cumplió en febrero cuatro años de creado dejando una ola de violaciones de derechos humanos en el estado Bolívar, tanto en zonas mineras como en urbes como Ciudad Guayana.

 

Codehciu ha registrado 18 masacres desde la creación del AMO. Este ambiente de violencia vulnera la vida de  mujeres y niñas, y además la emergencia humanitaria compleja que sufren los venezolanos las obliga en algunos casos a buscar oportunidades de mejores ingresos en zonas mineras, lo que significa más riesgos para ellas.

 

 

Ante el temor diario de vivir en Bolívar, se suma desde marzo la propagación del Coronavirus en Venezuela. La directora ejecutiva de ONU Mujeres,  Phumzile Mlambo-Ngcuka, expresó su preocupación sobre la pandemia y los derechos de la mujer: “El aumento de la violencia contra las mujeres se debe solucionar de manera urgente con medidas integradas en el apoyo económico y paquetes de estímulo acordes con la gravedad y la magnitud del reto que reflejen las necesidades de las mujeres”.

 

 

Cifras en mayo

 

Durante mayo 21 mujeres fueron víctimas de violencia basada en género en Bolívar. Los registros arrojaron: 6 casos de violencia física, 2 femicidios, 7 actos lascivos, 1 amenaza, 1 caso de trata de personas, 1 de violencia sexual, 1 de acoso sexual, 1 desaparecida. Además se reportó 1 caso de tráfico de mujeres por la frontera de Venezuela-Brasil.

 

El reporte de Codehciu alerta que durante estos tres meses de distanciamiento social por la pandemia los riesgos de mujeres y niñas de sufrir algún tipo de violencia no disminuyeron. “La seguridad no está garantizada para las mujeres y los procesos se han ralentizado aún más”, explican representantes del área de VBG de la organización

 

 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belem Do Pará,  en su artículo 3 consagra que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado”.

 

El mismo documento establece en su artículo 4 que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho a la vida de las mujeres, la libertad, seguridad personal, y la igualdad de protección ante la ley.

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