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29 de esos casos se registraron en el municipio Caroní, 18 en el municipio Angostura del Orinoco, 8 en El Callao, 3 víctimas en  Sifontes y 2 ejecuciones Piar.

Prensa Codehciu

En julio un adolescente de 16 años fue ejecutado por organismos de la Unidad de Respuesta Estratégica Policial (Urep). Horas antes, este se había fugado, junto a otro privado de libertad, del Centro de Coordinación Policial (CCP) Marhuanta, en Ciudad Bolívar, al sur del país. Según fuentes oficiales, el joven no se detuvo tras la voz de alto de los funcionarios policiales y se generó un presunto enfrentamiento.

El adolescente es tan solo una de las 60 muertes potencialmente ilícitas que registró la Comisión para Los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) durante el tercer trimestre el 2020, evidenciando una vez más que las arbitrariedades, por parte de los funcionarios de los distintos cuerpos policiales en el estado Bolívar, siguen en aumento, junto a la violación al derecho humano a la vida e inexistentes investigaciones.

Y que el estado de alarma decretado por el ejecutivo nacional (prolongado desde abril de 2020) debido a la pandemia por Covid-19, no ha sido una garantía del respecto a los derechos humanos: aprovechándose los funcionarios de dicho decreto para cometer violaciones a los derechos humanos.

Durante el monitoreo del tercer trimestre de Codehciu, realizado a medios de comunicación regionales, se registraron 60 ejecuciones extrajudiciales; 20 menos que en el segundo trimestre (abril, mayo y junio), pero a pesar de esa disminución, desde la organización sigue exhortando al Estado a garantizar el derecho a la vida y a erradicar estos hechos de violencia hacia civiles.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que: “El derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida es un derecho fundamental y universalmente reconocido que es aplicable en todo momento y en toda circunstancia. No se permite ninguna suspensión, ni siquiera durante un conflicto armado o en situaciones excepcionales.”

En manos del Estado

Durante el monitoreo el equipo de Codehciu observó que de las 60 presuntas ejecuciones extrajudiciales, 12 correspondieron a muertes bajo detención y/o custodia del Estado. Y 7 representan detenidos en el Centro de Coordinación de Guaiparo (Policía de Guaiparo) en el municipio Caroní, 3 en el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como la cárcel en El Dorado, 1 en el Centro Penitenciario de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar y 1 en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Upata.

Caroní con más casos

Por otro lado, los 60 casos estuvieron distribuidos de la siguiente manera por mes: 19 en julio, representando 31.66%; en agosto se registraron 31 muertes, lo que representa un 51.66%; y en septiembre 10 muertes, 16.66% de las ejecuciones en este tercer trimestre.

De las 60 muertes potencialmente ilícitas, 29 se registraron en el municipio Caroní, 18 en el municipio Angostura del Orinoco, 8 en el municipio El Callao, 3 víctimas en el municipio Sifontes y 2 ejecuciones en el municipio Piar. Se muestra el municipio Caroní como el más violento.

La organización alertó en reportes anteriores que durante el primer semestre de 2020 Bolívar registró 127 muertes potencialmente ilícitas. Las nuevas cifras suman desde enero hasta septiembre un total de 187 violaciones al derecho humano a la vida por parte de organismos del Estado.

Codehicu exhorta al Estado venezolano a establecer políticas de seguridad ciudadana eficientes y no violatorias de los derechos humanos, y a investigar de manera imparcial cada hecho en el que exista una presunta ejecución extrajudicial para así lograr la reparación a las víctimas.

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