No hay freno en las violaciones de derechos humanos y el país continúa su deterioro. El Estado omite sus responsabilidades durante la Emergencia Humanitaria Compleja.

Prensa Codehciu

Los retos en materia de derechos humanos, tanto en el estado Bolívar como en el resto de Venezuela, siguen en aumento ante las múltiples violaciones del Estado. 70 años de la Declaración Universal y el país ha dado innumerables pasos atrás, que marcan  un camino de negligencias y de omisiones.

La comunidad internacional lo reconoce. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Organización de las Naciones Unidas (ACNUDH), expuesto en agosto de 2017, destacó abusos y violaciones en el contexto de las protestas generadas por descontento social entre abril y julio. Uso sistemático y generalizado de la fuerza, detenciones arbitrarias, actos ilegales de funcionarios, más de 5 mil detenciones, periodistas y medios de comunicación atacados por fuerzas de seguridad del Estado, son solo algunos de los elementos registrados.

En lo que parece un imparable y sistemático olvido de los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos, el 2018 no se escapó de los males que empañan la democracia. La misma oficina, en junio de este año, publicó el informe “Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”.

El texto compila actos que vulneran la dignidad humana, como el poco acceso a la justicia en el caso de muertes relacionadas con las protestas, de nuevo el uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en operaciones de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violaciones al derecho a la salud y a la alimentación, crisis migratoria; ACNUDH alerta que “el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis sanitaria y alimentaria”, lo que imposibilitó el uso de medidas y reformas normativas necesarias para hacer frente a los problemas.

Una mirada al pasado

Previa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nació la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá, en Colombia, durante la IX Conferencia Internacional Americana de 1948. Se trató del primer acuerdo internacional de DDHH.

La Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, para reconocer la dignidad de los seres humanos y tras la inmensa inestabilidad de las naciones  que dejó la Segunda Guerra Mundial, proclamó La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un conjunto de 30 artículos, construidos por representantes de más de 50 naciones del mundo con “un ideal común para todos los pueblos”, como explica la misma ONU.

Un ideal que cumple este lunes 70 años desde su creación y que marcó un hito en la defensa de la dignidad humana. Un estándar para los pueblos, y la unidad fundamental para las sociedades, y como lo expresa el mismo documento: “considerando que la libertad y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos (…) de todos los miembros de la familia humana”.

Cabe destacar que los Estados miembros se comprometen a cumplir con cada uno de estos parámetros, que aseguran el respeto universal de las libertades fundamentales. Venezuela es un país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que también se suscribe a la Declaración Universal.

Hoy el país pide a gritos el respeto de los derechos humanos.

Un desglose de algunos de los artículos, aunados a la narrativa que vive el estado Bolívar y el resto del país, evidencia las omisiones

Artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios necesarios”

El documento que ACNUDH de junio 2018 registró un grave incremento de la crisis sanitaria, consecuencia del colapso del sistema de salud venezolano, ante la ineficacia de las medidas adoptadas por el Estado para combatir el deterioro de las instalaciones, la adquisición de equipos médicos óptimos y la falta de medicamentos para pacientes de todo tipo, inclusive aquellos con condiciones crónicas.

Esto, ante lo que refleja el artículo 25 de la Declaración Universal, constituye una grave violación al derecho humano a la salud y el estado Bolívar ha sido afectado: en agosto los dos pediátricos más importantes de la región (Menca de Leoni y pediátrico Uyapar) sufrieron colapsos de infraestructura, falta de insumos, ausencia de personal y sobrepoblación, lo que ocasionó su clausura.

Y el descontento se notó en las calles. Ese mismo mes se realizó una protesta del sector salud en Ciudad Guayana, en la que representantes del gremio aseguraron que al menos 7 niños mueren a diario por falta de asistencia médica. La desnutrición y la malaria destacaron entre los casos.

La crisis sanitaria que vive el país ha evolucionado a una Emergencia Humanitaria Compleja. La diferencia fundamental entre ambas yace en el componente político: en la segunda se exalta la responsabilidad política que tienen los Estados al no atender las crisis sanitarias. “Son complejas porque comprenden tres razones principales. Una multiplicidad de causas, que se encuentran en la interrelación de diversos factores políticos, económicos y socioculturales”, explica la Asociación Civil, Civilis.

Emergencia Humanitaria Compleja

Tanto Bolívar como otros estados están siendo afectados por la falta de medicinas e insumos. La Organización no gubernamental Convite hasta junio de 2018 registró una escasez de medicamentos que se ubicó en 86,7%, en 5 de las urbes más importantes del país: Barquisimeto, Mérida, Maracaibo, Nueva Esparta y el Área Metropolitana de Caracas.

Toda esta ausencia de medidas para evitar vulneraciones al sistema de salud se le suma a epidemias sin control. Un reporte de malaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que en el 2017 hubo al menos 219 millones de casos en el mundo, y Venezuela presentó un 84% de aumento. Del continente, el país tiene el 53% de los casos. Y aún no existe respuesta del Estado o planes que aseguren un freno de la enfermedad.

En el informe “Reporte del derecho a la salud en emergencia humanitaria compleja: Bolívar”, de Civilis, en una colaboración con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), se registró ausencia de tratamientos para pacientes con hemofilia, hipertensión arterial pulmonar y paludismo. En este último, existe en el estado un aumento del 136% en muertes por la enfermedad.

Asimismo el artículo 25 de la Declaración Universal resalta el derecho a la alimentación, un tema que empapa la realidad de cada venezolano: carencia de productos de la canasta alimentaria, altos precios, y descontrol económico son trabas que afectan a las familias.

Derecho a la alimentación

El Estado venezolano debe asumir responsabilidades. ACNUDH resaltó en su informe que la combinación de políticas económicas implementadas por el Gobierno, durante la última década, en las que destacan la mala gestión, el control estatal sobre los alimentos de la canasta básica, y el monopolio estatal sobre los suministros agropecuarios, generaron niveles críticos de escasez de alimentos “en un contexto en el que grandes segmentos de la población no tienen suficiente dinero para comprar los alimentos a precios de mercado”.

Ante la carente alimentación del  venezolano promedio, escalaron los niveles de desnutrición de niños menores de 5 años. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en enero de 2018, alertó que “cada vez más niños en Venezuela sufren desnutrición como consecuencia de la prolongada crisis económica y financiera”.

Los niños y niñas representan una gran parte de la población afectada por las carencias en salud y alimento. Unicef en el mismo comunicado alertó que Cáritas en agosto de 2017 registró, de la cantidad de menores evaluados, un 20% en riesgo de desnutrición.

Artículo 23. “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure (…) una existencia conforme a la dignidad humana”

Los aumentos salariales del Ejecutivo nacional en los últimos dos años y la inflación han golpeado el poder adquisitivo de las familias venezolanas. En 2017 hubo 6 aumentos de salario, correspondientes a los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre. Mientras que 2018 cerrará con la misma cantidad, sumado a un cambio de cono monetario vigente desde el 20 de agosto.

Estas medidas estuvieron lejos de representar un alivio para los bolsillos de los trabajadores. Después del aumento del 1 de septiembre, el salario mínimo quedó en 1800 bolívares soberanos. Esta cantidad no llegó a cubrir el costo de una canasta alimentaria que para el mismo mes sobrepasó los 40 mil soberanos, como lo registró el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Trabajadores de las empresas básicas de Ciudad Guayana protestaron la primera semana de noviembre reclamando los bajos salarios. Muchos aseguraron que la implementación del nuevo cono monetario, junto con los numerosos aumentos salariales, no les ayudaba a llevar el pan a la mesa de sus hogares.

Por otro lado, el conflicto entre las exigencias de los trabajadores y la mano dura de las fuerzas de seguridad del Estado, estalló cuando a finales del mismo mes el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, fue detenido a manos de la Guardia Nacional Bolivariana. Lo que significó otra violación de un derecho humano plasmado en el artículo 9: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” y del artículo 11 que dicta que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe culpabilidad”.

El Estado debe hacerse cargo

Venezuela vive su peor momento en lo que a derechos humanos se refiere. Organizaciones de la sociedad civil, como Codehciu siguen exigiendo al Estado que se respeten las libertades plasmadas hace 70 años en la Declaración Universal.

Aumentan las denuncias de torturas y tratos crueles durante protestas por descontento social, un derecho humano reflejado en el artículo 5.  El sector educación lucha por mejores condiciones en planteles y salarios dignos a profesores. También las políticas del Estado se han orientado a violar la libertad de expresión de medios de comunicación, periodistas y civiles, derecho plasmado en el artículo 19. Y así, un sinfín de vulneraciones crece.

70 años de la Declaración Universal, y el estado Venezolano, conforme pasan los años, sigue dando pasos atrás. El documento dicta firmemente: “El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.