1. Este 23 de enero, se cumplen 60 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Acontecimiento que juntó a toda la sociedad venezolana en la celebración de haber dado término al autoritarismo y emprender el camino hacia la democracia y las grandes aspiraciones del ser humano que la inspiran, sus principios y valores: la libertad de expresión, el respeto a la vida y a una vida digna, la integridad personal, la separación de poderes, el pluralismo y la alternabilidad política, entre otros.

2. Hoy, los venezolanos vivimos un momento signado por las causas y consecuencias de una crisis humanitaria compleja, quizás de los peores momentos en materia de protección de los derechos humanos, ante la falta de garantías de un Estado que no asume la preeminencia de los derechos humanos como mandato constitucional (artículo 2, CRBV).

3. En este contexto, el año 2019 inició con la incertidumbre en los hogares venezolanos ante la carencia de legitimidad y usurpación del cargo, de Nicolás Maduro, producto de un proceso electoral sin garantías y viciado de nulidad.

4. Se acrecienta la emergencia, el desabastecimiento de alimentos, la evidenciada decadencia de los hospitales, la falta de insumos médicos, la escasez de medicamentos, la falta de otros rubros en los anaqueles, y la manipulación política con bolsas de comida, que violan el derecho a una vida con dignidad, en condiciones de igualdad y libertad, como expresa el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han convertido en las herramientas perversas para el gobierno romper con la esperanza de un pueblo cuya vocación democrática le define, y encuentra expresión aún en la sociedad natural que es la familia de cada venezolano y venezolana.

5. Así, la manifestación pública y pacífica de este 23 de enero de 2019, convocada por la Asamblea Nacional, único poder legítimo, electo por los venezolanos, es además del apoyo al cuerpo de diputados y su directiva, un momento histórico para recobrar la vía hacia la reinstitucionalización del país. La determinación de la búsqueda de la democracia no se ha abolido.

6. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) desde el estado Bolívar ha permanecido vigilante ante la vulneración reiterada de los derechos humanos, conoce el conflictivo contexto en el que todos los días los guayaneses intentan sobrevivir en precarias condiciones, ante la indolencia de un gobierno que perdió legitimidad. Por esto la organización acompaña la voluntad del pueblo de hacerse sentir, de expresarse, con vocación pacífica.

7. Esta concentración pública y pacífica, que despierta y convoca a las plazas y calles de Venezuela es un derecho humano expresado en el artículo 20 de la Declaración Universal que establece la libertad de reunión y asociaciones pacíficas; ante esto, Codehciu exhorta a las Fuerzas Armadas de la Nación a cumplir con su obligación de proteger al ciudadano, y no a solo acatar órdenes del Gobierno. Su obligación es respetar y hacer respetar la Constitución de 1999, las responsabilidades en las que incurran por su violación son personales; su deber es con el venezolano de a pie que exige, este 23 de enero, un cambio de modelo político que genere cambios sociales y económicos.

8. Recordamos que el derecho a la vida es inviolable (art 43 constitucional). Exigimos a los funcionarios del Estado garantizar el orden, y el respeto al derecho humano a la reunión y asociación pública que este 23 de enero se llevará a cabo en todo el país.

9. Acompañamos a los ciudadanos y ciudadanas guayaneses en el ejercicio de sus derechos de forma pacífica, para que sus voces puedan ser escuchadas con claridad y convicción. Convencidos cómo estamos de que los derechos que no se ejercen, se pierden.