***La Comisión para los derechos humanos y la ciudadanía (Codehciu) reveló en su nuevo informe cómo la falta de servicios básicos vulnera el derecho humano a la calidad de vida mientras el Estado sigue sin dar respuestas efectivas.
Prensa Codehciu
El estado Bolívar no solo se ha convertido en un nido de violencia desenfrenada ante la aparición de grupos delictivos en zonas mineras: los ciudadanos todos los días se las ingenian para sobrevivir con servicios mínimos que merman su dignidad y vulneran sus derechos humanos.
Precarios servicios como el agua, el gas, la gasolina, la energía eléctrica, el transporte público, entre otros, dejan por el suelo los ánimos de las familias bolivarenses que emprenden una lucha por la supervivencia.
En un reporte del último trimestre de 2019, la Comisión para los derechos humanos y la ciudadanía (Codehciu), organización que defiende derechos humanos en la región, reveló que durante octubre, noviembre y diciembre hubo 264 casos de denuncias y protestas realizadas en los municipios Caroní, Piar, Heres, Padre Pedro Chien, Sifontes y Gran Sabana, del estado Bolívar.
No hay servicios ni salud pero sí violencia
Estos datos son resultado de un monitoreo que la organización no gubernamental (ONG) realizó a medios de comunicación regionales y redes sociales, que indicaron que los derechos humanos más vulnerados durante ese período fueron: la vida, libre tránsito, comunicación, salario digno, nivel de vida adecuado, salud y educación.
Por otro lado, los temas más recurrentes en las denuncias fueron el descalabro de los servicios básicos y la merma del poder adquisitivo.
También los centros de salud tienen un deterioro agravado por la crisis, y dejan en incertidumbre a los guayacitanos. Desde mediados del año 2018, el hospital pediátrico Menca de Leoni, el más importante de la región, cerró sus puertas porque no hay condiciones aptas para la atención de niños.
Además, el derecho a la salud de mujeres embarazadas se vulnera todos los días ante el aumento de denuncias por la falta de condiciones apropiadas para dar a luz. El 21 de enero se hicieron virales imágenes de una mujer que paría en las afueras del hospital Uyapar luego de que un funcionario de la milicia le impidiera el paso a la sede.
El estado Bolívar es un caos en materia de derechos humanos. Codehciu recomienda que las alcaldías del estado Bolívar deben articular esfuerzos con la Gobernación a fin de dar una respuesta idónea y coherente a los distintos problemas que presentan las comunidades.
Codehciu advierte, en el mismo informe, sobre la situación sanitaria y hospitalaria: “El mayor número de denuncias registradas en cuanto a servicios de salud se refiere, se reseñó en el mes de octubre, en el municipio Caroní, con 5 casos registrados”. El documento revela que las denuncias oscilaron entre falta de insumos, medicamentos, y contaminación en áreas hospitalarias, particularmente en el hospital Dr. Raúl Leoni, de San Félix.
Y el Estado no solamente dejó de responder por los servicios y la salud ciudadana. En las calles y urbes de Bolívar hay miedo al hampa y a una violencia que solo crece.
“Se evidencia del registro del mes de octubre que en el municipio El Callao las expresiones de violencia van más allá”, denuncia el documento, que advierte de casos de personas decapitadas, cuyas cabezas son dejadas en sitios públicos.
Además, en noviembre de 2019 uno de los líderes de grupos delictivos en El Callao, alías “El Toto”, envió por redes sociales un ultimátum, a manera de amenaza, al alcalde del municipio con el fin de lograr su renuncia por presuntas promesas incumplidas.
Educación en peligro
La educación como derecho humano forma parte de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), y está consagrada en la Declaración Universal de los DDHH.
Pero los estudiantes se llevan parte de los males que son consecuencia de la emergencia humanitaria compleja. Es el deber internacional y constitucional del Estado Venezolano velar por la dignidad en las condiciones de los planteles educativos; aun así, en noviembre de 2019 se registró el mayor número de casos de denuncias sobre este tema.
El monitoreo alerta lo siguiente:
“Un total de 5 protestas dan cuenta de la situación de precariedad que vive la Universidad Experimental de Guayana (UNEG), puesto que la universidad se encuentra en malas condiciones. Adicionalmente, los estudiantes no cuentan con servicio de transporte. A pesar de las vicisitudes, los estudiantes han emprendido acciones para coordinar esfuerzos en la recuperación de la casa de estudios.”.
Ciudad de empresas y trabajadores sin derechos
Los derechos laborales, como el resto de los derechos humanos, son irrenunciables y el Estado tiene la responsabilidad internacional de garantizarlos. Pero el declive de las empresas básicas de Guayana, que está aunado también a la caída del poder adquisitivo y políticas incapaces, merma la calidad de vida de sus trabajadores.
En noviembre se registraron 9 denuncias de trabajadores de las empresas básicas. Sus reclamos obedecen a la exigencia de un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas y el cumplimiento de la contratación colectiva; por otro lado, pensionados de la misma empresa solicitaron el pago de pensiones de acuerdo con su homólogo activo.
El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra lo siguiente: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.
Pero los trabajadores de Guayana no ven luz ante tanta penuria.
¿Cómo empieza el 2020?
El abogado y monitor de contexto de Codehciu, Samuel Méndez, añade que enero 2020 empieza con más quejas sobre los servicios básicos en varios municipios de Bolívar: “La falta de agua ha sido muy recurrente, y por las declaraciones de los mismos residentes nos damos cuenta que son fallas que, dependiendo el sector, tienen entre 5 y 10 años sin resolverse; también hay una fuerza en la denuncia por el gas doméstico”.
En enero siguen también complicaciones en el transporte público y el combustible. Ante esto, Méndez asegura que “se ha complicado. Hay gente que aún pasa hasta 3 días en colas para surtir combustible. Además la falta de transporte ha complicado mucho la actividad diaria del guayanés”.
De manera general, toda la sociedad bolivarense, desde los distintos ámbitos de los derechos humanos, sufre carencias. También se registran problemas relacionados con el aseo urbano, que complican las condiciones sanitarias de ciertos sectores.
El estado Bolívar es un caos en materia de derechos humanos. Codehciu recomienda que las alcaldías del estado Bolívar deben articular esfuerzos con la Gobernación a fin de dar una respuesta idónea y coherente a los distintos problemas que presentan las comunidades.
