Continúa el segundo periodo de escasez de combustible del 2019, pero la incertidumbre en la población sigue intacta, la poca información suministrada por las autoridades mantiene a los ciudadanos preocupados.
Prensa Codehciu / Melanie González
-Ciudad Guayana. Acceder a servicios públicos en Ciudad Guayana, depende de una ardua planificación, tareas que deberían ser cotidianas ahora merecen muchas horas del día, por ejemplo, surtir 30 litros de gasolina puede interferir con la agenda semanal.
La escasez de combustible exaspera a la ciudadanía, y genera dificultad para llegar a trabajos, hogares, escuelas y conseguir negocios abiertos.
Carlos Rondón, trabajador de la Ferrominera Orinoco, salió el pasado sábado a las 12 AM, a buscar combustible para su vehículo, ateniéndose a la probabilidad de desocuparse el lunes en la tarde. Antes de salir de su hogar pidió permiso a su jefe para faltar al trabajo el día lunes, este lo entendió, porque sin gasolina es imposible que atienda a las actividades de la semana.
Como Carlos, otros guayaneses salen con antelación, por la incertidumbre de no saber cuánto tiempo esperarán para recibir combustible; quizás sean horas o días, es cosa del azar.
El Estado no se encarga
El 26 de octubre el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, anunció que desde el lunes 28 de octubre los ciudadanos no se tendrían que preocupar más: el plan de racionamiento de combustible por placa terminó en la urbe; aseguró que “el suministro de gasolina alcanzó niveles de normalidad”.
Sin embargo, este es el segundo gran periodo de racionamiento de gasolina que se vive en el año, y el Estado dificulta el acceso a la información, sobre todo la referente a causas de insuficiencia de combustible automotor.
“Al no explicar por qué hay escasez de gasolina, se está violando el derecho el acceso a la información, como ciudadanos deberíamos saber cuál es la situación de los asuntos públicos del país y los funcionarios deberían dar rendición de cuentas sobre el instante actual de las entidades que manejan”, alertó Robnny Gutiérrez, abogado de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
Salud mental y DDHH
Los guayaneses no solo pierden horas de sueño, su tiempo libre o de valiosos momentos familiares, sino que también ponen en riesgo su salud, porque pasan días enteros formados en los bordillos de la carretera; un ambiente para nada cercano a la vida digna.
La salud mental también se ve vulnerada ante lo que ocurre en Bolívar y otros estados como Zulia, porque va más allá de un problema de combustible y transporte.
Asimismo, Luis Prado, psicólogo de la organización, explica cómo los usuarios del servicio de gasolina han buscado métodos de adaptación en medio de situaciones aversivas para su seguridad personal: “Las personas tratan de hacer más agradable sus ambientes, usando la capacidad de adecuarse a nuevas situaciones incómodas, ellos crean un consenso colectivo para apoyarse con otros que se encuentran en el mismo escenario”.
Derechos humanos vulnerados
En el artículo 178 numeral 2 de la Constitución nacional, afirma que el Estado debe garantizar la “vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas” está es una condición que afecta a este y otros derechos humanos interdependientes al ejercicio del libre tránsito.
Y aunque la gasolina no es considerada como un derecho humano, no quiere decir que su carencia no vulnere la calidad de vida ciudadana. Interfiere con la satisfacción de otros derechos como la educación, trabajo, salud y alimentación, pues cada uno necesita, en mayoría de los casos, el transporte adecuado.
Estos derechos son agraviados ante la escasez, lo que merma el ritmo de la ciudadanía.
Responsabilidad del Estado
Los guayaneses esperan no volver a tener problemas de combustible, para seguir atendiendo actividades más importantes, como comentó Luis Segura, vendedor de harina de maíz “aquí yo no soy productivo, este es un día perdido”.
El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, (…) y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.
El Estado debe cumplir con su responsabilidad internacional de garantizar los derechos humanos de cada uno de los venezolanos. La falta de pericia por parte de este y sus instituciones, ante el regreso de las colas por gasolina, evidencia la existencia de políticas sistemáticas que siguen afectando el bienestar ciudadano.
