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El periodista Roland Carreño cumple 11 días detenido injustamente por el Estado venezolano. Continúan las arbitrariedades contra comunicadores y activistas políticos.

Prensa Codehciu / foto de portada Cortesía

El pasado 26 de octubre funcionarios encapuchados desaparecieron al periodista y dirigente del partido Voluntad Popular, Ronald Carreño, junto a dos compañeros de su organización. A pesar de los esfuerzos por dar con su paradero, todo era incierto.

Por más de 20 horas Carreño fue víctima de una desaparición forzosa. Hasta que   el ministro de Comunicación y presidente de VTV, Freddy Ñáñez, informó que el periodista había sido “capturado in fraganti en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República”, además de una campaña de descrédito contra el Estado de Derecho del régimen venezolano.

Mientras que la noche del 27 de octubre el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó que el activista político fue detenido “en flagrancia”, por participar “en planes conspirativos contra la paz democrática”. Sumando que “las averiguaciones preliminares indican que Carreño entregó armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas”.

El abogado criminalística y docente universitario, Fermín Mármol García, explicó al equipo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) que, con la injusta e ilegal detención de Carreño, “se materializan varios conceptos que están presentes en Venezuela, primero un derecho penal del enemigo, como sostiene el profesor Dr. Arteaga Sánchez, normas jurídicas punitivas que se aplican a la disidencia por parte de la autodenominada revolución socialista del siglo XXI”.

“Número dos, que existe, como lo dice el Foro Penal Venezolano, una puerta giratoria, donde después de negociaciones se liberan a venezolanos en condición de presos políticos para aliviar tensiones internas pero que rápidamente esas celdas vacantes son ocupadas por otros inocentes; y número tres que en Venezuela realmente se desintegró la República para dar paso a otra estructura; tal vez el Estado comunal”.

Mármol destaca que se han desdibujado los poderes públicos en Venezuela y sobre todo la división y equilibro entre de ellos, y concluye que: “Un país donde no existe el Estado de derecho, donde no existen los principios de igualdad, los de libertad, justicia, transparencia, no puede progresar, no puede florecer”.

Un patrón recurrente

En Venezuela la persecución y arbitrariedades contra periodistas y medios de comunicación son recurrentes. En los 9 primeros meses de 2020 se produjeron en el país al menos 796 violaciones a la libertad de prensa, según la ONG Espacio Público, que también documentó 49 de ellas en septiembre. La mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4%). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.

Carlos Correa, director de la organización ejemplifica que “el caso de Roland ratifica un patrón de comportamiento por parte del Estado venezolano, un patrón que ha sido documentado por las organizaciones venezolanas e internacionales pero además de eso también lo han reflejado algunos de los informes como el de la Misión de Verificación de Hechos, la Comisión de Interamericana de DDHH y otros de organismos especializados en el tema de DDHH. ¿Cuál es el patrón? básicamente detienen a una persona y en las primeras horas de la detención no se informa, es decir, es una desaparición forzosa”.

Derecho a la defensa

El artículo 46º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. 2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (…)”.

Correa destaca que cuando se dan las detenciones no se informa sobre ella y además de eso se confina a las víctimas en algún centro de detención, “muchas veces son trasladado al tribunal; en el tribunal hay varios perspectivas o posibilidades, una de ellas es que en ese mismo momento le den una medida sustitutiva, y uno de los temas que pasa es nombrarle un defensor público. En el caso de Ronald él pudo escoger su defensa”.

“Lo están señalando de graves delitos sometiéndolo así a una privativa de libertad. A él lo precalificaron con delitos de financiamiento al terrorismo, tráfico ilícito de armas y conspiración contra la forma política, los cuales son muy graves. Una de las cosas que ocurre con estas detenciones es que son castigados, sin condenas, es decir, esta persona está sometida a un proceso judicial que en sí mismo es un castigo; pero él no ha tenido la oportunidad de defenderse y durante todo este tiempo ha estado aislado como de su familia y su defensa”, sumó el director de Espacio Público.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehiu) rechaza estas arbitrariedades que siguen ocurriendo contra periodistas y medios de comunicación. La persecución política y la censura son violaciones de derechos humanos que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Por otro lado, la organización también alertó su rechazo ante las arbitrariedades contra el equipo de Correo del Caroní en octubre.

Hasta la fecha, el periodista Roland Carreño sigue privado de libertad, después de que estuvo desaparecido por 48 horas. Ha sido señalado por los presuntos delitos de conspiración, terrorismo y tráfico ilícito de armas de guerra.  Según lo refleja el portal digital Voa Noticias, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en Venezuela señalaron esta detención como injusta e ilegal.

Este viernes 6 de noviembre el periodista cumplió 11 días detenido.  Joel García, abogado, alertó en su cuenta de Twitter sobre más arbitrariedades: “El juez de la causa del periodista Roland Carreño y después de 11 días de su detención arbitraria, se niega, a pesar de estar acordadas, expedir las copias del expediente. Viola el debido proceso y en especial el derecho a la defensa.”

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