Entre los caso, el Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales (OEE) reveló que las edades de las víctimas más frecuentes están entre 20 y 30 años. Mientras que Caroní fue el municipio con más asesinatos de este tipo.

 

Prensa Codehciu

El cuarto informe del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales (OEE), a cargo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) destacó 33 casos de personas víctimas de presunta negligencia por parte de funcionarios públicos. Entre los organismos que destacaron en los casos que registró la ONG, resalta el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

En 10 de las circunstancias registradas por el observatorio, en el estado Bolívar,  actuaron cuerpos del Cicpc; mientras que las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) apareció en 7. Estos dos organismos del Estado Venezolano, encargados de garantizar la seguridad ciudadana, fueron los que en más casos destacaron de presunta ejecución extrajudicial en el registro OEE.

“Observamos con preocupación los factores comunes en cada uno de los casos registrados”, explica el documento que señala que hay una falta de investigación diligente, independiente e imparcial que genera impunidad en cada una de las víctimas contadas, “perpetuando el círculo vicioso ‘en el que se actúa, se mata y se olvida a la víctima’”.

En el monitoreo realizado a través de medios de comunicación regionales que reportaron estas irregularidades, el municipio Caroní fue el que más víctimas tuvo entre octubre 2018 y enero de 2019, con un total de 14. El Callao está en segundo lugar con 8 asesinatos presuntamente en manos de funcionarios públicos.

 

Ejecuciones extrajudiciales octubre, noviembre, diciembre 2018 y enero 2019

 

 

Cifras de alarma

Los registros pasados del OEE muestran: en el primer informe, de abril hasta agosto, 12 víctimas; en el segundo, de agosto a septiembre, 15 víctimas; y en el tercero, de septiembre a octubre, 8 víctimas.

Contando las víctimas de los últimos 3 meses de 2018, más las de enero de 2019, que hacen 33 del 4to informe, el observatorio suma un total de 68.

Mientras que el tercer informe reflejó 2 casos de personas que murieron bajo custodia del Estado, este nuevo documento registró 4 circunstancias del mismo tipo. Una de estas se trató de Luis Morao, joven de 18 años que murió en los calabozos de la policía científica en Ciudad Bolívar, Municipio Heres, por una “enfermedad contraída dentro del centro de reclusión” como reflejan los reportes de prensa.

Los otros municipios en los que se vieron estos presuntos asesinatos,  son Heres, con 2 víctimas; Sifontes con 4; Roscio con 3; Gran Sabana con 1; y 1 sin identificar. La edad de las personas asesinadas ronda entre 17 y 53 años, y el mayor número de víctimas se encuentra entre 20 y 30.

Otra víctima de presunta ejecución extrajudicial fue Héctor Rincones de 30 años, quien se presume fue asesinado con arma de fuego en Brisas del Sur durante un supuesto enfrentamiento con la Policía del Estado Bolívar (PEB) en enero.

El Protocolo de Minnesota, un documento internacional que describe los tipos de arbitrariedades en muertes potencialmente ilícitas, exhorta a los Estados Partes a enfocarse en la resolución en las investigaciones apropiadas en este tipo de casos, de forma metódica y transparente. También refleja que las ejecuciones extrajudiciales significan una vulneración del derecho humano a la vida.

Ante esto, OEE destaca en su nuevo informe que: “En el momento en el que se produce una grave violación de los derechos humanos, se generan para las víctimas tres necesidades básicas: el conocimiento de la verdad, la obtención de justicia y la activación de mecanismos de reparación idóneos y efectivos”.

Alerta constante

El observatorio relata en sus conclusiones que la justicia y la reparación indican un cumplimento de obligaciones por parte del Estado “que a través de su institucionalidad debe investigar, sancionar y reparar las graves violaciones de derechos humanos, siempre con la debida diligencia”, con la intención de evitar la impunidad en los casos de presuntos asesinatos a manos de funcionarios.

Estas cifras que muestran los informes del OEE proporcionan una radiografía de la ineficacia de los funcionarios para aplicar la justicia y de la poca consciencia de los derechos humanos plasmados en la Declaración Universal que tienen estos mismos.

Codehciu hace un constante llamado de atención al Estado, ante la inestable situación política y social del país y el incremento de bandas armadas delictivas al sur de Bolívar, y la desarticulación de la democracia, para que implemente políticas que no ignoren la dignidad humana.