Ciudad Guayana, 29 de abril de 2021
La Asociación Civil Kapé-Kapé y la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU expresamos nuestra profunda preocupación ante los hechos ocurridos el día 28 de abril de 2021, donde se ha podido verificar el fallecimiento de 4 personas por un enfrentamiento en la mina El Silencio, en el municipio Sucre del estado Bolívar. Uno de los fallecidos es Nelson Pérez, Capitán General del pueblo jivi.
Las otras víctimas identificadas hasta ahora son el criollo Wilmer José Castro y los indígenas Miguel Antonio Rivas Morales y Carmen Lusdary Rondón. Los tres habitantes de la comunidad La Felicidad. Se presume que en la mina hay otros 8 fallecidos.
Sobre las causas del incidente, se especula que se trató de un enfrentamiento entre comunidades indígenas por el control de una veta minera recién descubierta y una segunda versión apunta que también se trata de un enfrentamiento por el control de la mina, pero con intervención de grupos armados extranjeros.
Los conflictos armados no son nuevos en esta comunidad minera El Silencio. En agosto de 2018 fue asesinado Misael Ramírez, capitán de la comunidad La Felicidad del pueblo jivi y otras 5 personas, en un enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, ubicada en la desembocadura del río Matu, en el municipio Cedeño del estado Bolívar.
En junio de 2019, el mismo Nelson Pérez denunció la desaparición de dos líderes de la comunidad, nunca se confirmó su muerte, ni regresaron a la comunidad. En ese momento, Pérez advertía sobre la escalada de violencia en El Silencio a raíz de la actividad minera “es cierto que llegó la minería ilegal a nuestro territorio, pero no estoy de acuerdo con la práctica porque ahora tenemos que afrontarnos con lo grupos violentos porque es un peligro nosotros por eso exigimos el respeto a nuestros territorios y la no violación de nuestro derecho como pueblos originarios”, dijo en su momento a Kapé Kapé.
Lamentablemente, este es un nuevo hecho que demuestra el incremento de la violencia que ocurre en las comunidades indígenas ya gravemente afectadas por la emergencia humanitaria y la pandemia de Covid-19. La mayoría de los hechos de violencia conocidos entre comunidades indígenas o donde éstos son víctimas de otros grupos de poder, se dan en el contexto de la minería: violencia, desplazamientos forzados, abusos, intimidaciones, ataques, amenazas, tratos crueles y degradantes, impunidad, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, explotación sexual, laboral y violencia de género persisten entre dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos.
Expresamos a los familiares y allegados de los fallecidos nuestro más profundo pesar por sus muertes en circunstancias que aún no están esclarecidas.
Solicitamos firmemente a las autoridades del Estado venezolano:
Garantizar la seguridad de los pueblos indígenas con reconocimiento de sus derechos fundamentales, propios y vitales en resguardo de su identidad cultural como pueblos.
Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a la muerte de estos 4 venezolanos, con el fin de establecer los hechos y las responsabilidades a los fines de obtener justicia.
El cumplimiento estricto de la garantía del debido proceso.
Verificar el estado de la integridad personal de otros indígenas o criollos involucrados en los hechos.
Garantizar el derecho a la salud, particularmente en el caso de que haya indígenas heridos, tomando en cuenta las precarias condiciones socio económicas en las que sobreviven.
