La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía sigue alertando la muerte de mujeres como daño colateral de la violencia armada. Nuevos rostros que relatan dolor y vulneración de derechos.

 

Prensa Codehciu

Las mujeres víctimas de violencia son olvidadas. De las historias que no son escuchadas por el Estado está la de Rosmary Torres de 43 años, asesinada en Unare II, en Puerto Ordaz. Recibió 5 balazos en el pecho y uno en la boca en mayo de 2019.

Un año de monitoreo ha evidenciado que las mujeres, niñas y adolescentes en los estados Bolívar y Monagas aún son víctimas de daño colateral, debido a la violencia armada en aumento; así lo alerta la Comisión para los Derechos Humanos y La Ciudadanía (Codehciu).

El número que registra el informe anual del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género (Ovaceg), creado por Codehciu, es una cifra que alarma: 237 mujeres entre abril de 2018 y 2019; en los casos existen femicidios pasivos, activos, aumento de la violencia sexual, y otros elementos que vulneran sus derechos.

 

«Liskeidy Stefanía Graterol fue hallada muerta, desnuda, en el sector Acapulco; el cuerpo de la mujer presentaba magulladuras en la espalda, moretones, marcas de ataduras en manos y pies; estaba amordazada y con cortaduras en los brazos; tenía un cable alrededor de su cuello».

 

Según lo registrado,  los municipios más violentos en un año son Caroní y Maturín, y las parroquias con más incidencia de casos fueron El Callao y Las Cocuizas.

Hubo 47 víctimas de violencia sexual entre ambos estados y 37 casos de femicidios en grado de frustración.

Codehciu reconoce la importancia de impulsar los derechos humanos de la mujer ante la violencia que la rodea, siguiendo lo consagrado en La plataforma de Acción de Beijín, aprobada en septiembre de 1995.

Se trata de un programa encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad: pretende eliminar obstáculos que dificultan la participación activa de las mujeres en la vida pública y privada.

 

 

“Las mujeres se han convertido en víctimas por razones de venganza, tanto de grupos delictivos como de funcionarios policiales. También han sido víctimas colaterales de venganzas perpetradas en contra de sus parejas o familiares cercanos. En los últimos meses, los presuntos enfrentamientos entre órganos de seguridad y supuestos delincuentes han tenido víctimas femeninas, al menos dos han fallecido, otras (incluyendo menores de edad) han resultado heridas”.

 

 

Otros documentos regionales también buscan la protección de mujeres. La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Belem Do Para”, se menciona en los informes de Codehciu, y propone eliminar todo tipo de actos que vulneren a la población femenina dentro de los Estados.

El documento afirma que estos actos limitan “total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades”.

Pero en un año, en los estados Bolívar y Monagas, se sumaron nombres a una lista de mujeres cuyos destinos terminaron en femicidios.  Liskeidy Graterol, Marisol Blanco, Ángela Flores, Iraima Dayar, Yenitza Lugo, y más que han sido sometidas a violencia sexual y ataques directos con armas de fuego y blancas.

Datos anuales de violencia contra la mujer en Bolívar y Monagas

 

 

Mujeres desprotegidas

Ellas ahora son historias de femicidios:

Marisol Del Valle Blanco tenía 38 años de edad cuando desapareció el 20 de mayo de 2018 en el estado Bolívar. Su victimario, quien según relata la  prensa sostenía una relación sentimental con la mujer, decidió descuartizarla; dejó sus restos en varias bolsas negras.

Liskeidy Stefanía Graterol fue hallada muerta, desnuda, en el sector Acapulco; el cuerpo de la mujer presentaba magulladuras en la espalda, moretones, marcas de ataduras en manos y pies; estaba amordazada y con cortaduras en los brazos; tenía un cable alrededor de su cuello.

Ángela del Carmen Flores con 22 años de edad fue víctima de femicidio en sector Maipure II cuando su victimario intentó abusar sexualmente de ella; la joven quiso defenderse del ataque sexual pero el hombre tomó una almohada y la asfixió.

Iraima Dayar era encargada de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que funcionaban en el sector de El Guamo en Puerto Ordaz, en septiembre de 2018. Regresaba en su vehículo de una reunión y fue interceptada por dos sujetos en una camioneta. Ambos se acercaron para presuntamente despojarla de su celular pero la asesinaron con arma de fuego. No se llevaron el dispositivo.

 

 “Exhortamos a los organismos competentes a reforzar las medidas de protección destinadas a evitar que nuestras jóvenes continúen siendo víctimas de grupos delictivos (…) Solicitamos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que implemente un programa dirigido a las comunidades, para luchar contra la violencia sexual”.

 

 

La saña aparece en reiteradas ocasiones. A la abogada Yenitza Lugo la intentaron quemar viva en su propia casa, el presunto culpable fue un antisocial al que ella misma había denunciado por robo. La mujer de 51 años murió asfixiada por el humo del incendio (provocado con gasolina) junto a su hijo de 24 años.

¿El Estado venezolano protege o no a las niñas, adolescentes y mujeres? Lo explicado por Codehciu ante su monitoreo de víctimas indica que no:

“Las mujeres se han convertido en víctimas por razones de venganza, tanto de grupos delictivos como de funcionarios policiales. También han sido víctimas colaterales de venganzas perpetradas en contra de sus parejas o familiares cercanos. En los últimos meses, los presuntos enfrentamientos entre órganos de seguridad y supuestos delincuentes han tenido víctimas femeninas, al menos dos han fallecido, otras (incluyendo menores de edad) han resultado heridas”.

 

Cifras correspondientes al mes de mayo de 2019

 

Hasta abril de 2019 las estadísticas del monitoreo hecho por la ONG arrojaron 68 víctimas de femicidio pasivo. Este tipo de hechos se describen como muertes de mujeres relacionadas a la proliferación de armas pequeñas, tráfico de drogas o incluso al crimen organizado.

Por otro lado, los femicidios activos están relacionados al asesinato misógino de mujeres, también consecuencia de violencia doméstica y conflictos armados, y cuando la muerte es propiciada en un ataque de odio hacia la identidad de género. En un año hubo 24 de estos hechos entre Bolívar y Monagas.

El rango de edad de la mayoría de estas mujeres víctimas de violencia contra la mujer oscila entre 15 y 26 años.

 

Un duelo sin fin

El observatorio de Codehciu también lleva registro de mujeres desaparecidas.

Vanesa Rosales sobrevivió a la leucemia, pero no sería esta enfermedad la que la alejaría de sus familiares. En noviembre de 2018 salió al centro comercial La Cascada, en la ciudad de Maturín, a comprar ropa para su hija pero no volvió. Antes de llegar a una parada de autobús envió un mensaje de texto a unos familiares para que la esperaran cerca.

Fue la última comunicación que tuvieron con Vanesa. Hasta la fecha Codehciu ha recordado en cada informe la desaparición de la mujer: los allegados  hicieron una búsqueda en la ciudad, incluso algunos alegan que las pistas seguidas por sus familiares los llevan a pensar que fue víctima de una presunta red de trata.

Aún se desconoce el paradero de la madre quien dejó a una niña de un año. Hay al menos 4 desaparecidas, contando a Rosales, en los registros de la ONG.

 

Nuevos datos en mayo 2019

La violencia continuó en mayo. Durante el período monitoreado en el mes hubo un total de 6 femicidios pasivos y 1 femicidio agravado; además de 4 víctimas de violencia sexual, dos de ellas fueron niñas de 9 años.

Hubo 10 casos, en el mismo mes, de violencia contra la mujer, vinculados a violencia física y amenazas, según lo relatado en medios de comunicación.

Codehciu recomienda ante el aumento de muertes de mujeres en ambos estados:

“Exhortamos a los organismos competentes a reforzar las medidas de protección destinadas a evitar que nuestras jóvenes continúen siendo víctimas de grupos delictivos (…) Solicitamos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que implemente un programa dirigido a las comunidades, para luchar contra la violencia sexual”.

Rosmary Torres en mayo, junto al resto de asesinadas en meses anteriores, son ahora historias de las que pocos están hablando. Y las mujeres siguen muriendo en este contexto de violencia.