43% de los desaparecidos entre 2012 y el 15 de agosto de 2020 dijeron que iban a alguna de las minas del municipio Sifontes del estado Bolívar y no han regresado. Se trata de una selva en disputa por diversos grupos estatales e irregulares por dos razones: su ubicación geográfica y la presencia del cinturón de rocas verdes, una franja geológica milenaria productora primaria de oro.
Laura Clisánchez / Clavel Rangel / Imágenes de Valentina Eurea
En los 24 mil 393 kilómetros cuadrados del municipio Sifontes, al menos unas 33 personas han desaparecido. Representan el 43% de un universo de 77 casos documentados entre 2012 y 2020 de manera independiente por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) y un colectivo de periodistas que trabaja para visibilizar este drama inédito en la región.
Sifontes es un territorio particular por la extensión de sus minas, su popularidad como territorio rico en oro y su ubicación geográfica: al sureste de Venezuela, fronterizo con el Esequibo, y también puerta de salida discreta de miles de migrantes venezolanos.
Pero también ha sido noticia por las masacres en el territorio. Sifontes es el más violento de los 11 municipios del estado Bolívar. Entre enero de 2019 y mayo de 2020 fueron asesinadas 47 personas, de las cuales 27 no fueron identificadas por su avanzado estado de descomposición o múltiples heridas de bala en el rostro, según el monitoreo de Correo del Caroní.
Es allí donde cientos de venezolanos han ido en busca de su sustento y han quedado atrapados en una disputa por los territorios en los que intervienen la Fuerza Armada Nacional (FAN), disidentes del colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas armadas locales. El interés por controlar estas tierras no es casual: en Sifontes “hay de todo”, dice un experto geólogo de la zona, que prefiere no identificarse por seguridad, en relación a la diversidad de minerales por la presencia del cinturón de rocas verdes, una franja geológica milenaria productora primaria de oro. Las bondades de los ríos que lo atraviesan le da a las más de 70 minas activas una ventaja comparativa con respecto a otras zonas.
En Sifontes, por ejemplo, está el yacimiento de Las Cristinas, en el kilómetro 88, una de las mayores reservas de oro del mundo y también uno de los pueblos mineros más populosos, después de Tumeremo, la capital del municipio.
En esta jurisdicción donde convergen, además del comando del Ejército 512 Batallón de Infantería de Selva Tomás de Heres, todos los cuerpos policiales del Estado: oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Policía del estado Bolívar, Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
La presencia policial incrementó después de 2016, cuando Nicolás Maduro bautizó a la zona como parte del Arco Minero del Orinoco y se establecieron, entre Tumeremo y El Callao, decenas de plantas procesadoras de oro y empresas mixtas. Es también después de la implementación del Arco Minero cuando se han producido el mayor número de denuncias de desaparecidos: 76% de los casos ocurrieron después de 2018, cuando el Ejército incursionó en la zona y pobladores comenzaron a denunciar la presencia del ELN.
Los pueblos mineros, sin embargo, viven en zozobra desde 2011. La masacre de Tumeremo en 2016 sacó a la palestra el conflicto con todas sus aristas. El ajusticiamiento en el sector Los Candados dejó 17 mineros desaparecidos que luego fueron hallados en una fosa común en una zona conocida como Nuevo Callao, a una hora del sitio donde ocurrió la matanza y luego de una semana de protestas en el pueblo.
Desde entonces, también han sido asesinados los líderes de bandas que ejercieron el control de las minas de distintos territorios por largo tiempo, como Alexandro Lisandro González alias Gordo Lisandro (2018), Phanol San Clemente alias Capitán (2018) y Josué Zurita alias Coporo (2019).
— A la guerrilla la están acabando porque se metió el Run (una banda criminal). De tu hermana no se sabe nada, de pronto está presa, de pronto está muerta.
Así le decían a María quienes por tanto tiempo fueron sus compañeros de mina, luego de la desaparición de su hermana Esther Jaramillo, una inmigrante colombiana, y su cuñado Andrés Rodríguez, desaparecidos desde junio de 2019 en el sector Los Candados, de Sifontes.
Pese a esto, en las oficinas del Cicpc de Tumeremo aseguran que no hay casos de desaparecidos. “Unos pocos, pero la mayoría es gente que pierde señal telefónica”, aseguró un funcionario que, extraoficialmente, conversó con el equipo reporteril de Correo del Caroní en una visita a finales de 2019.
El 11 de noviembre de 2019 Codehciu hizo una petición de solicitud de información ante el Cicpc, de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución, en la que solicitaba información sobre la cantidad de personas desaparecidas en el contexto minero. Hasta la fecha no ha sido respondida.
Los datos son cruciales para decenas de familias que aseguran que es en estas fronteras donde están sus seres queridos. O al menos eso les dijeron. La mayoría fueron a trabajar en minas sin tener mayores redes de apoyo, sin conocer la zona y con la promesa de que volverían cada cierto tiempo.
Pero para un grupo de familias, es en estas fronteras donde aseguran que están sus seres queridos. O al menos eso les dijeron. La mayoría fueron a trabajar en minas sin tener mayores redes de apoyo, sin conocer la zona y con la promesa de que volverían cada cierto tiempo.
A un paso de la denuncia
No es extraño que no todos los casos de desaparecidos hayan sido denunciados ante el Cicpc. Del total documentado, 38% de los familiares interpuso la denuncia ante la Policía científica, pero la mayoría dijo que no recibió mayor apoyo de las autoridades y que, al contrario, fueron conminados a desistir de la búsqueda.
De hecho, en Colombia, donde el drama de las desapariciones acumula décadas, el Movimiento Ríos Vivos estima más de dos mil desaparecidos en el cañón del río Cauca y más de 20 mil en el departamento de Antioquia, producto del conflicto que libraron allí las Autodefensas Unidas de Colombia, los frentes 18 y 36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros actores armados por la imposición del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango.
Estos números suponen solo la punta del iceberg: “Nosotros creemos que no se alcanza a registrar ni siquiera el 25%, eso es como una primera lección. Mucha gente no ha denunciado por temor a la institucionalidad. Nuestra experiencia nos dice que los registros suponen que la cifra total es tres veces”, indicó Isabel Zuleta, coordinadora del movimiento y becaria del Fondo de Resiliencia 2020 de Global Initiative, en una entrevista con Correo del Caroní en julio.
Así como en otros países, en este extremo de Venezuela se está replicando la búsqueda por cuenta propia de los desaparecidos, aunque aún no de manera organizada como ocurre en Colombia o en México, donde la tragedia de las desapariciones ya tiene larga data y las familias han comenzado a buscar respuestas.
En el caso del sur, según las entrevistas, más del 50% de los denunciantes entrevistados decidieron emprender la búsqueda de su ser querido por cuenta propia, haya puesto o no la denuncia ante las autoridades, porque no existe celeridad ni confianza en las comandancias.
Lo hacen exponiéndose al peligro de no regresar tampoco.
“Si vienes acá lo voy a saber y si vas a la Policía lo voy a saber… Si vas a Tumeremo a poner la denuncia te va a pasar lo mismo que a tu hermano, no te acerques, deja eso así”, fue lo que le dijeron a Wilfredo, cuando acudió desesperado a una banda delictiva con conexiones en las minas para que lo ayudaran a buscar a su hermano Richard Pooll, desaparecido en Tumeremo, en 2017. Se desesperó porque los cuerpos de seguridad no le dieron respuesta, pero lo que encontró entre las bandas delictivas fueron amenazas y extorsión.
A los parientes que acuden a territorios mineros a buscar a los desaparecidos suelen decirles: “No preguntes mucho”. Por eso asumen la búsqueda: unos por falta de confianza a las autoridades, y otros por miedo a que, si su familiar está vivo, le hagan daño.
Quienes se entregan a la resignación, son en su mayoría familiares que viven en otros estados, porque las autoridades les obligan a trasladarse hasta las comandancias del sur de Bolívar. Fue lo que le ocurrió, durante la pandemia por el nuevo coronavirus, a la madre de Milena, una joven de oriente desaparecida desde noviembre de 2019 en las minas de Bolívar. .
— ¿A qué te vas, Milena…? Se escuchan tantas cosas malas de allá; muchos van y no regresan… — Le dijo Helena a su hija Milena.
Efectivamente, después de una llamada no supo más de ella. Las limitaciones de sus recursos no le permitieron trasladarse desde Porlamar hasta Bolívar para poner la denuncia. En los registros oficiales Milena no figura como desaparecida.
Milena es parte del 26% de los migrantes forzados procedentes de otros estados del país, atraídos por el oro al que ven como un salvavidas durante la emergencia humanitaria compleja.
Esto sucede aunque los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tienen base en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y demás instrumentos internacionales firmados y ratificados por Venezuela, estipula claramente que la búsqueda debe promover la cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado.
La directora de Codehciu, Mairis Balza, indicó que aunque por ser este un delito grave cualquier organismo puede recibir la denuncia, son los fiscales con competencia dentro de la jurisdicción en la que ocurrió la desaparición los que deben emprender la investigación. La notificación de una instancia a otra puede tardar hasta seis meses, lo que dificulta el proceso y pone en riesgo a la víctima.
En estos casos, explica, los familiares pueden buscar una representación legal de alguien que actúe en representación ante la Policía o el Ministerio Público, pero la poca información al respecto y las limitaciones legales hacen que este mecanismo no sea tan frecuente.
El comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición forzada estipula claramente, por ejemplo, que la búsqueda de estas personas debe regirse por una política pública integral, especialmente si las desapariciones son frecuentes -como las víctimas del Arco Minero del Orinoco-, y debe estar orientada a la prevención y el esclarecimiento de los casos que ya ocurrieron.
En Venezuela no existe tal proceder, protocolos de búsqueda del país han sido señalados por organismos internacionales como ineficientes porque no hay estatutos para abordar la investigación y seguimiento de las desapariciones forzadas, lo que implica directamente impunidad y reincidencia.
Las desapariciones aumentan.
Agentes del crimen
Pese a los subregistros y la dificultad para la denuncia, la ONU establece que la desaparición forzada es un delito de extrema gravedad y, en algunos casos, puede constituir un crimen de lesa humanidad. Así como ocurre en México o en Colombia, donde los perpetradores también son agentes del crimen organizado, suele ser difícil para los parientes comprobar la participación del Estado para catalogar la desaparición forzada.
“La comunidad internacional generalmente puede responsabilizar a los Estados pero solo si esta vinculación es demostrada. El hecho de que las autoridades, como autores probables, sean quienes deban comprobar estos crímenes, hace que numerosos casos sean difíciles de catalogar como desapariciones forzadas”, indicó la organización Global Initiative, una red de expertos en derechos humanos, gobernanza y crimen organizado, en un artículo publicado el viernes a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Por eso considera indispensable ampliar la perspectiva sobre la actuación de grupos no estatales que operan de diferentes formas y contextos diversos en el mundo, lo que desencadena diferentes niveles de participación estatal. “En algunas situaciones su relación con el Estado puede ser bastante evidente, pero en otros casos como en el de las asociaciones delictivas mexicanas, la naturaleza de su relación con las autoridades puede ser ambigua y bastante compleja (…) Los grupos armados y delictivos pueden actuar de forma independiente y perseguir intereses privados cuando desaparecen personas, pero su capacidad para hacerlo con impunidad puede implicar la tolerancia estatal de sus actividades delictivas, o puede indicar que los delincuentes están coludidos con las autoridades para desaparecer personas”.
En el caso venezolano, ninguno de los familiares de desaparecidos en las minas contactados para esta investigación han sido notificados de los avances del caso, ni se le ha brindado orientación a sus allegados. Tampoco se conoce alguna averiguación abierta sobre los posibles perpetradores de estos crímenes, más allá de sus ejecuciones en supuestos enfrentamientos.
Y aunque en el plano nacional no haya hasta ahora algún mecanismo para sancionar a responsables, la divulgación de estas desapariciones en las minas del sur del país promovidas por Codehciu ya ha sido investigada y reseñada de manera independiente por la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en un reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Que la alta comisionada haya hecho mención sobre las desapariciones lo que significa es que las organizaciones que estamos trabajando con las desapariciones estamos haciendo el trabajo, pero también muestra la preocupación de las organizaciones internacionales por las desapariciones ocurridas en Venezuela no investigadas por el Estado”, dijo Balza.
Mientras estos mecanismos prosperan, quienes desaparecen víctimas de la dinámica del Arco Minero del Orinoco y sus familiares se tienen a sí mismos, no hay quien los busque. Tanto el recuerdo de estas personas como la deuda intransferible del Estado venezolano son indelebles.
