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Ángel Aguirre, padre de Ángela Aguirre, adolescente asesinada el 23 de marzo de 2019 en Puerto Ordaz, aún busca respuestas tras un año repleto de obstáculos ante la falta de pericia de los órganos encargados de hacer justicia.

 

Prensa Codehciu / Fotos Archivo Raúl Vejar Williams 

Se cumple un año desde que la familia de Ángel Aguirre vivió en carne propia las secuelas de la violencia contra la mujer. Y aún la lucha por alcanzar la justicia no se desvanece dentro de sus convicciones.

A la adolescente Ángela Aguirre, de 16 años, le costó convencer a sus padres para que la dejaran salir a una fiesta de cumpleaños la noche del 23 de marzo de 2019, en el Centro Ítalo Venezolano de Guayana. Su entusiasmo pudo más que la preocupación de sus familiares y logró el permiso, pero no volvió a su hogar esa noche.

Ángela desapareció durante 3 días y su cuerpo fue encontrado por las autoridades el 26 de marzo, en el balneario “El Rey” del río Caroní. Su femicidio conmocionó a toda la comunidad guayanesa.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) entrevistó al padre de Ángela, quien lamenta cómo la vida de su familia no fue la misma desde el asesinato de su hija.

 

Ángel Aguirre y su familia han protagonizado numerosas manifestaciones frente a los tribunales de Puerto Ordaz, exigiendo justicia por el femicidio de su hija. Foto Archivo Codehciu.

Una lucha que continúa

 

¿Cómo se ha desarrollado el juicio y cuáles novedades hay?

−Desde que el caso fue radicado en la capital (Caracas) se ha llevado a cabo sin contratiempos antes de ser decretada la cuarentena (por la pandemia del COVID−19) en el país. Se realizaba una audiencia a la semana. Pero, como desde el inicio, somos testigos de la corrupción del Ministerio Público. La fiscal Emily Hernández, quien a pesar de haber sido recusada e interpuesta una denuncia en su contra, aún goza del cargo y de la protección del MP. Es aberrante contar con ese tipo de funcionarios, quienes inclinan la balanza a favor del dinero y han tratado de demostrar que asesinar es legal, si quien mata tiene el poder suficiente para tener de su lado a la ley.  Pero a pesar de toda esta circunstancia nunca podrán ocultar la verdad; siempre prevalecerá.

 

En múltiples ocasiones, Ángel Aguirre y su familia han denunciado ante medios de comunicación y redes sociales presuntos actos de corrupción y soborno en beneficio de las 7 personas implicadas en el femicidio de su hija Ángela; involucrando a la fiscal recusada Emily Hernández.

Hernández fue asignada por el Ministerio Público en marzo de 2019, pero luego sus competencias ante el caso fueron declinadas por la autoridad.

Aunque fue recusada, los familiares y abogados de Ángel aseguraron que la funcionaria tenía acceso al expediente del caso, y que además los 7 implicados gozaban de privilegios dentro del centro de reclusión preventiva en las sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Guayana.

El 10 de abril, Yamileth Carvajal,  abogada de los familiares de Ángela, dio una rueda de prensa desde la sede de los tribunales en Puerto Ordaz, donde denunció: manipulación en torno a las investigaciones, porque consideró que las pruebas iniciales daban claros indicios de un femicidio, y fueron cambiadas por funcionarios del Cicpc y la Fiscalía a cargo.

Carvajal también explicó que se anularon las pruebas de violación y la familia presentó una querella para solicitar la  recusación de la fiscal; instó a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia a conocer el caso para evitar la impunidad.

 

Irregularidades

 

¿Cuáles otros problemas ha enfrentado la familia? ¿Han recibido amenazas  de algún tipo?

Debido al femicidio de mi niña Ángela, prácticamente perdimos la paz como familia. Ya no podemos llevar ni remotamente una vida, no hemos podido sobrellevar aún el luto, perdimos la estabilidad de nuestro hogar. Debido a ello, ya no vivimos en nuestra  casa; no me fue posible continuar trabajando, fue necesario resguardar a mis hijos ya que el Estado no proporciona seguridad alguna; esta situación no se la deseamos a nadie.  No fue solo la muerte de nuestra hija, sino una lucha titánica por alcanzar la justicia. Nuestra casa desde el principio fue asediada por colectivos y funcionarios del Cicpc quienes nos mantenían en vigilancia y zozobra; recibimos amenazas (de funcionarios y colectivos); todo para que abandonáramos el caso, solo contábamos con la protección de funcionarios de la policía del estado (Bolívar) a quienes le agradecemos.

Los 7 implicados en el caso son: José Alberto Cedeño (18), José Zorrilla (44) Glauder Zorrilla (19), Orlando Salazar (35), Joselyn Barreto (18), Dayana Nicieza (28) y Wilmer Díaz (30). Detenidos el 27 de marzo.

El director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, publicó el 26 de marzo de 2019 en su cuenta de instagram que a través de la necropsia la causa de muerte fue por asfixia mecánica por inmersión, con lesiones en las partes íntimas y hematomas el cuerpo de Ángela.

Se realizó una segunda autopsia al cuerpo sin notificar a los familiares, esto complicó la búsqueda de la verdad de los hechos sobre el femicidio de la adolescente: los resultados contradecían las palabras de Rico sobre una presunta violación.

El 12 de abril un presunto audio de Ángela, filtrado desde su celular, se hizo viral por redes sociales. La familia alega haber reconocido la voz de su hija diciendo “José Alberto me violó”.

 

¿Cree que se está haciendo justicia?

Si el caso fuese seguido de la mano de la fiscal Emily Hernández, hubiese quedado impune; debido a ello nosotros mismos hemos sido vigilantes como padres y víctimas indirectas; aunque no es solo nuestra lucha,  ha sido la lucha de cada profesional del derecho que nos ha asistido sin cobrarnos honorarios, por el hecho de ser padres y madres que se solidarizan con nosotros y han procurado que se cumpla la justicia. Por ello continuamos esta lucha.

 

El 4 de junio el TSJ se avoca de oficio y radica el caso a un Tribunal de Violencia de Caracas. El juicio contra los 7 imputados inició en la capital el 21 de octubre de 2019. Un día antes, las autoridades privaron de libertad a los implicados por la comisión del delito de femicidio agravado.

Los 5 hombres se encuentran recluidos en Centro de Reclusión el Rodeo II, mientras que las 2 mujeres en el Instituto Nacional de Orientación Femenina.

 

 

El juicio por el caso de Ángela Aguirre se lleva a cabo en Caracas. La familia ha tenido dificultades económicas para lograr desplazarse hasta la capital. Foto Archivo Raúl Vejar Williams.

Femicidio agravado

Norkis Salazar, coordinadora del área de violencia basada en género de Codehciu, denuncia que el caso de Ángela Aguirre no fue transparente desde un principio y “mostró algunos vicios”, como lo señalaba la familia de la víctima y sus abogados.

Salazar explica que en materia de derechos humanos y de la mujer observó que “la imparcialidad del proceso y de la investigación  se vio cuestionada; las declaraciones del director del Cicpc no coincidían con la autopsia realizada, lo que ocasionó múltiples acusaciones a la familia de Ángela y a ella misma, que buscaban justificar la conducta de los presuntos agresores”.

Además agrega: “Lo alcanzado hoy en día hay que atribuirlo a la familia. Se ha visto nublada la sanción y la respuesta por estos actos, sin embargo la valentía de denunciar, exigir y no desistir ha sido un motor que la familia Aguirre ha encendido para poder hacer justicia”.

El artículo 58 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consagra que los femicidios agravados serán sancionados con pena de 28 a 30 años de prisión.

El artículo añade que los casos de femicidio agravado pueden caracterizarse de cuatro maneras, siendo una de estas: “Cuando el acto se haya cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima o para la satisfacción de instintos sexuales”.

Codehciu registró en 2019 un total de 179 casos de violencia contra la mujer, por medio de un monitoreo realizado en el estado Bolívar. Hubo un total de 65 femicidios, incluido el de Ángela Aguirre.

En lo que va de 2020 la organización ha registrado 3 femicidios en Bolívar.

 

Ángel Aguirre sigue buscando justicia para su hija:

−Hoy enfrentamos el grave problema de traslado y logística para los testigos desde Puerto Ordaz hacia Caracas y viceversa,  es nuestro compromiso ya que queremos alcanzar la justicia por nuestra niña, pero también es cierto que acarrea un gasto que no podemos asumir pero de alguna forma lo haremos; el caso se lleva a cabo en Caracas… allí fue radicado debido a la corrupción existente en Puerto Ordaz.

Codehciu, como organización defensora de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, ha ayudado en el seguimiento y la visibilización de este caso de femicidio a través de redes sociales, medios de comunicación y activismo de calle.

Además, exhorta a los órganos del Estado a no dilatar más los procesos y a lograr la justicia para las víctimas indirectas de este femicidio: la familia de Ángela Aguirre.

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