En contexto…
Las fuerzas policiales y militares ejecutaron a 1.414 personas durante 2021 en el país. Esta cifra fue registrada gracias al monitoreo realizado por la organización de la sociedad civil Provea, en alianza con el Centro Gumilla. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) también ha registrado estas violaciones al derecho humano a la vida, a la integridad, y al debido proceso, en el estado Bolívar desde el año 2018.
La misma ha exhortado por años al Estado venezolano, al igual que numerosas otras organizaciones no gubernamentales, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a detener estas violaciones de derechos que ocurren de manera sistemática y a diario en los diferentes estados de Venezuela.
El informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela” de Provea registró, solo en 2020, una cifra de 3034 violaciones al derecho a la vida. Esta violencia policial y militar contra la población ha prevalecido con los años como política de control. La letalidad de estas operaciones es ascendente, como lo han denunciado las organizaciones de la sociedad civil, y es perpetrada en un contexto de abuso de poder que trae como consecuencia más muerte y a familias enteras sin justicia, investigación ni respuestas. La impunidad es común, y se ha vuelto un escudo para los perpetradores de estas ejecuciones, quienes disfrazan como enfrentamientos la violación del derecho a la vida.
La OACNUDH documentó en 2018 datos sobre las formas de actuar de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). El informe titulado “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, destaca que: “Tras matar a sus víctimas, los agentes del Cicpc entraban para retirar los cuerpos de los jóvenes, llevarlos a un hospital, como si solo estuvieran heridos, para luego depositarlos en la morgue. Los registros de los hospitales mencionaban en muchos casos que las víctimas habían ingresado sin signos vitales.”
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